Durante la segunda audiencia del juicio unificado, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques detallaron la mecánica del presunto “reciclaje de activos”. Señalaron que el 88% de los ingresos de la firma provenía de empresas contratistas del Estado vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López.
En el marco de la segunda jornada del juicio oral unificado por los expedientes “Hotesur” y “Los Sauces”, que tiene entre sus principales imputados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al diputado Máximo Kirchner, el Ministerio Público Fiscal expuso los detalles de lo que calificó como un “mecanismo permanente de reciclaje de activos” para canalizar dinero de origen ilícito hacia el patrimonio familiar.
Ante los jueces del Tribunal Oral Federal N° 5 (José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni), la lectura del dictamen elaborado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostuvo de manera contundente que en la sociedad inmobiliaria Los Sauces S.A. “se incorporaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad”.
Las tres etapas de la maniobra de reciclaje
La acusación detalló la estructura contable y financiera articulada en torno a la firma constituida en 2006 por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner:
Incorporación de bienes: La sociedad fue capitalizada progresivamente mediante la adquisición de una decena de inmuebles, terrenos y hoteles radicados en la Patagonia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alquileres simulados: Los activos fueron arrendados a compañías controladas por Lázaro Báez (Grupo Báez) y Cristóbal López con Fabián de Sousa (Grupo Indalo). Según los peritajes, el 88% del dinero facturado entre 2009 y 2016 provino de estas corporaciones beneficiadas previamente con contratos de obra pública, licencias de juego y beneficios impositivos estatales, resultando arrendamientos “innecesarios o con valores por encima del mercado”.
Extracción de divisas: El dinero ya disimulado bajo apariencia de actividad comercial legal era retirado por la familia presidencial bajo los conceptos de devolución de préstamos, honorarios de directorio o liquidación de gastos personales.
Propiedades familiares bajo sospecha
El escrito judicial remarcó que, del total de fondos movilizados por la firma, se registraron retiros por más de $10 millones hacia las cuentas personales de la familia. Asimismo, la Fiscalía puso bajo la lupa la adquisición de dos inmuebles utilizados como residencia habitual: la vivienda familiar de la calle Mascarello en Río Gallegos y el departamento de la calle San José en Buenos Aires, comprado en 2015 mediante certificados en dólares y depósitos en efectivo investigados por presuntas irregularidades bancarias.
La lectura de los requerimientos acusatorios continuará el próximo lunes 2 de noviembre con la presentación de la querella institucional a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), previo al inicio de las declaraciones indagatorias.
