La justicia de Inglaterra ordenó que Argentina tiene hasta el 5 de abril para pagar 336 millones de dólares en un depósito de Lóndres para poder apelar un fallo desfavorable por distorsionar datos de INDEC durante el gobierno de Cristina Kichner. 

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El país recibió, en enero pasado, un permiso para apelar una sentencia con fecha de 2023 de 1.560 millones de euros a condición de que se pague el depósito en un tribunal de Londres, previo a la resolución de juicio.

Al respecto el juez Stephen Phillips ordenó que la República Argentina debería pagar alrededor de 310 millones de euros, es decir, 336 millones de dólares. Estos números equivalen al 20% de la factura total, para poder recurrir.

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El magistrado expresó: “Existe un riesgo muy alto de que la República encuentre los fondos para apelar tanto ante este tribunal como, si se le permite, ante el Tribunal Supremo, pero que no pague la sentencia si no tiene éxito”. 

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