Falta contralor del Estado. Esta es la principal causa que posibilitó el robo y venta de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán que debería haber sido destinada a familias vulnerables.

Esta es la conclusión a la que arribaron los investigadores hasta el momento, a raíz del estudio del hecho realizado por personal de Poder Judicial y de la Policía de Tucumán, donde ya fueron identificados varios partícipes involucrados en el delito de vender estos bienes de primera necesidad y se encaminan a dar con los funcionarios responsables que posibilitaron esta situación.

Vale recordar que Federico Masso, ministro de Desarrollo Social, fue quien personalmente se presentó ante la fiscalía a cargo de Ignacio López Bustos para brindar información sobre el hecho que sorprendió puertas adentro del Gobierno de Tucumán y permitió que la investigación continuara curso.

La mercadería robada y puesta en comercialización proviene de los módulos alimentarios que es la remesa de productos alimenticios que se entregan a cada persona vulnerable que realizó el trámite para obtenerlo en Desarrollo Social, ongs, municipios y comunas del interior. Cada caja incluye 8 kilogramos de fideos, azúcar, yerba mate, leche, polenta, arroz, tomate en conserva, entre otros productos.

Por un sistema de compra directa, Desarrollo Social convoca a empresas interesadas en vender sus productos al Estado provincial y presentan un presupuesto. Posteriormente, se cotejan los precios y se compra a la firma que hizo la mejor oferta, tras un cotejo de precios. Los alimentos son enviados a un transporte de cargas de la provincia para su posterior distribución.

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Se trata de 600 mil kilogramos de mercaderías que equivalen a 75.000 módulos de alimentos que tienen un valor general de $8.000 cada paquete.

En los últimos 15 días, Masso había recibido reclamos que alertaban que estos productos se estaban vendiendo. Es por ello que personal policial investigó el caso y confirmó la situación, tras efectuar distintos operativos con orden de la fiscalía de turno. En esos allanamientos fueron detenidas tres personas que tienen actualmente prisión preventiva.

Masso comentó a los medios tucumanos que el hecho es seguido de cerca por su cartera que además comparte información con el Poder Judicial para su esclarecimiento, de acuerdo a lo ordenado por el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo.

Se supo que algunos beneficiarios retirar los módulos del depósito de Desarrollo Social –Lavalle 2300-, en tanto que otros lo hacen desde la empresa de transporte que entrega los alimentos en fardos y pallets. Tarea por la que la compañía recibe $25 millones.

Según los investigadores, la mayoría de la mercadería secuestrada fue encontrada en fardos indicio que les permitió saber de dónde procede la mercadería, ya que en ese formato sólo puede provenir de uno de los centros de distribución.

En total, son 72 organizaciones sociales que retiran los víveres con este sistema. Sin embargo, oficialmente son 24 las ongs registradas oficialmente.

El ministro sostuvo que, dado al hecho, se revisará íntegramente el sistema y se continuará aportando información a la justicia.

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