Este viernes, tras dos semanas de un riguroso juicio en su contra, la Justicia de La Pampa eximió de responsabilidad a Ana Clara Pérez Ballester, la jueza que, durante la pandemia, otorgó la custodia de Lucio Dupuy a sus agresoras. Pérez Ballester enfrentaba acusaciones por presunto mal desempeño en sus funciones, relacionadas con la decisión de conceder la tenencia de Lucio a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigaíl Páez. Estas dos últimas fueron posteriormente condenadas a cadena perpetua por el asesinato y abuso sexual del niño.

En consecuencia, Pérez Ballester fue reintegrada a su posición, siendo recibida con aplausos durante la lectura del fallo, aunque estos fueron interrumpidos por expresiones de descontento y ofensas. "Se hizo justicia", afirmó una voz. Sin embargo, otra respondió indignada: "Mataron a un chico".

La misma decisión fue tomada para la asesora de menores Elisa Ana Catán, acusada junto a Pérez Ballester. La asesora de menores no estuvo presente en la sala, tras una situación de salud de un familiar.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio y testigo en el proceso, estuvo presente en la sala. Al oír el veredicto, le gritó a los jueces: “Asesinos”. Cintia Dupuy, tía de la víctima, lanzó: “Ustedes hacen esto por plata”.

Las funcionarias intervinieron en los expedientes por la tutela y el cuidado personal del niño, tramitados entre marzo de 2019 y noviembre de 2020, un año antes del crimen. Llegaron al debate acusadas de “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” e “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”, según la imputación en su contra.

Rodríguez Salto y Pérez Catán escucharon la lectura del veredicto tomados de la mano. Según informó la Oficina de Comunicación Institucional del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa, la sentencia de la absolución de Pérez Ballester y Catán fue por mayoría, cuatro votos contra uno.

Por absolver a las acusadas votaron el titular del jury y presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Losi; la diputada María Andrea Valderrama Calvo y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio. La legisladora María Silvia Larreta votó en minoría por la destitución de las funcionarias. 

“La acusación del procurador no quedó acreditada luego del desarrollo del debate, toda vez que los reproches fueron por materias absolutamente opinables; poniendo en cabeza de las funcionarias, obligaciones que no surgen de la ley aplicable y que hagan posible su reproche por omisiones o negligencias reiteradas en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo Losi en las conclusiones de su voto.

Losi explicó que al Juzgado de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes N ° 1 de General Pico, a cargo de Pérez Ballester, no llegó “ninguna evidencia o indicio, por parte de la familia Dupuy, de que Lucio fuera víctima de violencia” y que tampoco alguno de sus familiares paternos “se entrevistara personalmente con la jueza o a la asesora, ni que hayan gestionado alguna audiencia (… ) No hubo ningún indicio de violencia contra el niño en ninguna de las actuaciones judiciales, policiales o administrativas previas a la homologación del acuerdo” sobre el cuidado personal.

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