El principal acusado por el femicidio de la joven de 25 años enfrentará un debate oral. También solicitaron seis años de prisión para dos imputados por encubrimiento.
La causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez quedó formalmente elevada a juicio oral y público. La decisión fue adoptada este jueves, luego de cuatro jornadas de audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba, en un proceso en el que la Fiscalía pidió prisión perpetua para Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor material del crimen.
El requerimiento fue formulado por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo y con la participación de la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma. La querella adhirió a los pedidos de pena realizados por el Ministerio Público Fiscal.
Sosa, de 50 años, está acusado como autor del femicidio de Álvarez, cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur. Para Justina Gordillo, de 48 años, y Jorge “Chicho” Díaz, de 41, la Fiscalía solicitó seis años de prisión efectiva por distintos hechos de encubrimiento. Un cuarto imputado, Nicolás Navarro Flores, ya fue condenado a tres años de cárcel mediante un juicio abreviado el 29 de julio.
Cómo reconstruyó la Fiscalía el crimen
Según la acusación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de enero. Cerca de las 3.37, Álvarez salió de su domicilio de Gerónimo Helguera al 1700, en San Miguel de Tucumán, y tomó un vehículo de Uber rumbo a la vivienda de Sosa, en Santo Domingo al 1100, Yerba Buena. La joven llegó alrededor de las 3.50.
Para la Fiscalía, entre ese momento y las 7, Sosa habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de la víctima y la relación desigual de poder existente entre ambos. La acusación sostiene que la golpeó con violencia en la zona cráneo-facial y cervical, provocándole lesiones que derivaron en su muerte por un traumatismo cráneo-facial y cervical.
Durante la audiencia, Gallo explicó por qué el Ministerio Público encuadró el hecho como femicidio. El fiscal hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad de Álvarez, tanto por su condición de mujer como por las diferencias económicas y sociales existentes con Sosa, además de referirse al consumo problemático que padecía la joven.
La acusación también incorporó elementos obtenidos del teléfono celular del imputado. Según Gallo, allí se encontraron expresiones denigrantes hacia las mujeres y referencias a las jóvenes que concurrían a su domicilio. Para el fiscal, esos elementos permiten sostener que Sosa mantenía una relación de cosificación con Álvarez.
El presunto encubrimiento
La Fiscalía atribuye a Gordillo una participación posterior al crimen. Según la reconstrucción, la mujer mantuvo comunicaciones con Sosa desde las 7.32 del 7 de enero y concurrió a su domicilio, donde permaneció durante varias horas. También habría regresado por la noche.
La acusación sostiene que Gordillo colaboró con el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros y la desaparición de pertenencias de la víctima y del vehículo utilizado por Sosa. Además, se le atribuye haber contribuido a la fuga del principal acusado hacia Buenos Aires mediante la entrega de una motocicleta KTM, dinero e información relacionada con la investigación.
En el caso de Díaz, la Fiscalía sostiene que llegó a la vivienda de Sosa alrededor de las 15.17 a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a la empresa “Mundo Limpio”. Allí, según la acusación, habría colaborado con la limpieza del lugar, la eliminación de rastros y la desaparición del teléfono celular de Álvarez.
Al retirarse, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, Díaz se llevó un estuche que contenía una pistola Glock calibre .40, una escopeta calibre 12 y municiones que Sosa le habría entregado para ocultarlas.
77 testigos y peritajes
Para el juicio oral fueron admitidas distintas pruebas y se establecieron más de 25 convenciones probatorias entre las partes. La Fiscalía anunció que presentará 77 testigos durante el debate.
Entre ellos estarán Navarro Flores, ya condenado, efectivos policiales, integrantes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personas vinculadas con el entorno de los acusados.
La prueba incorporada al proceso incluye estudios genéticos de ADN, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, peritajes digitales, teléfonos celulares secuestrados y elementos vinculados con el hallazgo del cuerpo, entre ellos cuerdas y las bolsas utilizadas para cubrirlo.
Con la apertura del juicio ya aprobada, las actuaciones serán remitidas a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Ese organismo deberá realizar el sorteo del tribunal que tendrá a su cargo el debate y establecer la fecha de inicio del juicio oral.
