La mujer está acusada de encubrir el homicidio de Érika Antonella Álvarez. La jueza Jimena Suárez hizo lugar al planteo de la defensa pese a la oposición de la Fiscalía y la querella. Deberá pagar una caución de $100 millones y llevar una pulsera electrónica.
Justina Gordillo, una de las acusadas en la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez, dejará la cárcel y continuará el proceso bajo arresto domiciliario. La medida fue dispuesta este martes por la jueza Jimena Suárez, durante una audiencia en la que el fallo generó una fuerte reacción de la familia de la víctima.
La resolución fue adoptada pese a la oposición planteada tanto por el Ministerio Público como por la querella. Tras conocerse la decisión, la madre de Érika protagonizó un episodio en la sala y terminó siendo retirada del lugar.
La acusación contra Gordillo
El crimen de Érika Álvarez ocurrió el 7 de enero. De acuerdo con la acusación, la joven se dirigió ese día hasta la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa, donde habría sido asesinada a golpes. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un descampado de Manantial Sur.
Sosa está acusado por el homicidio y fue detenido posteriormente en Buenos Aires. La investigación también alcanzó a Gordillo, quien había sido pareja del principal acusado y trabajaba como empleada judicial.
La mujer fue detenida en febrero y quedó imputada por su presunta participación en maniobras destinadas a encubrir el crimen y favorecer a Sosa. Desde entonces, sus abogados, María Florencia Abdala y Camilo Atim, cuestionaron la acusación y reclamaron en distintas oportunidades que recuperara la libertad.
El planteo volvió a ser analizado ahora por el Tribunal de Impugnación, en momentos en que la causa se aproxima a la etapa de juicio.
Una caución de $100 millones
Aunque la jueza resolvió concederle el arresto domiciliario, Gordillo no recuperará la libertad plena. Para abandonar el lugar donde permanece detenida deberá cumplir con una caución de $100 millones.
Además, tendrá que utilizar una pulsera electrónica que permitirá monitorear sus movimientos y garantizar el cumplimiento de la medida judicial.
La decisión de Suárez modifica las condiciones de detención de la acusada mientras continúa el proceso y se define su situación de cara al juicio.
