Una encuesta realizada en distintos puntos de la provincia de Tucumán muestra un marcado descontento social con el funcionamiento y el costo de la Legislatura provincial. Los datos reflejan una percepción mayoritariamente negativa sobre su desempeño, su utilidad institucional y el nivel de gasto que representa para el Estado.
Según el relevamiento, el 78% de los tucumanos tiene una imagen negativa de la Legislatura, frente a un 13% de imagen positiva, mientras que un 9% no sabe o no contesta. En la misma línea, el 71% considera que la Legislatura no cumple con su función, el 22% cree que lo hace solo parcialmente y apenas el 7% sostiene que sí cumple con el rol para el que fue creada.
El gasto legislativo aparece como uno de los principales focos de crítica. El 79% de los encuestados considera excesivo el gasto de la Legislatura, el 10% lo califica como razonable y el 11% como justificado. Actualmente, la Legislatura de Tucumán cuesta $134.036 millones por año, lo que implica que cada legislador tiene un costo anual de $2.735 millones para el erario público.
La comparación con otras provincias refuerza el cuestionamiento. En Salta, por ejemplo, cada legislador cuesta $692 millones anuales, una cifra sustancialmente menor a la de Tucumán, lo que vuelve a poner en discusión la estructura, el tamaño y la eficiencia del Poder Legislativo tucumano.
En relación al presupuesto provincial, Tucumán destina el 3,9% del total a su Poder Legislativo, un porcentaje muy por encima del promedio nacional, que se ubica en torno al 1,2%. Esta asignación presupuestaria genera un fuerte rechazo social: el 79% de los tucumanos está en desacuerdo con que ese nivel de recursos se destine a la Legislatura, mientras que solo el 21% se manifiesta de acuerdo.
La demanda de cambios estructurales también es contundente: el 74% cree que la Legislatura necesita una reforma urgente, el 18% opina que debería reformarse de manera gradual y apenas el 8% considera que no es necesaria ninguna reforma. En conjunto, los resultados evidencian una fuerte presión social para modificar el funcionamiento actual del cuerpo legislativo y reducir el gasto político.
Desde el análisis político, este nivel de desaprobación no resulta sorpresivo para amplios sectores de la sociedad. La Legislatura de Tucumán es señalada desde hace años como una de las más costosas del país, sin que exista información pública y detallada sobre los sueldos de los legisladores, el número de asesores que posee cada uno ni las remuneraciones de ese personal. A esto se suma que el promedio de sesiones ronda una por mes, con una duración aproximada de tres horas, y que gran parte de la actividad parlamentaria está orientada a declaraciones de homenajes, conmemoraciones y reconocimientos, más que a la sanción de leyes de impacto directo en la vida cotidiana de los tucumanos.
El estudio fue realizado por la consultora Public Group entre los días 5 y 11 de enero de 2026, en ocho localidades de la provincia: San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo, Lules, Monteros y Concepción. Se llevaron a cabo 973 entrevistas presenciales en vía pública, de manera simultánea en todas las localidades. El trabajo de campo contó con cinco encuestadores y dos coordinadores, y los resultados fueron ponderados según región, sexo y grupos etarios.
Los datos configuran un escenario claro: una ciudadanía crítica, con bajo nivel de confianza en su Poder Legislativo y una percepción extendida de que el gasto político no se traduce en una labor legislativa acorde a las demandas sociales. Los resultados reflejan un reclamo social persistente por eficiencia, transparencia y una Legislatura alineada con necesidades reales.
