El Ejecutivo nacional avanzó con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como parte de su plan de reorganización del Estado. Las funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud para mejorar la eficiencia, reducir la burocracia y garantizar la continuidad de las prestaciones.
El Gobierno nacional oficializó la disolución de la ANDIS como parte del proceso de reorganización del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. La medida apunta a simplificar estructuras administrativas, reducir superposiciones y mejorar la eficiencia en la gestión de políticas públicas vinculadas a la discapacidad.
Según se informó oficialmente, las funciones que hasta ahora cumplía la Agencia Nacional de Discapacidad serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Desde el Ejecutivo remarcaron que la decisión no implica la eliminación de prestaciones ni derechos, sino una administración más directa, ordenada y transparente de los recursos destinados a este sector sensible.
La disolución de la ANDIS se enmarca en el plan del Gobierno para achicar el gasto público innecesario y fortalecer áreas clave del Estado, priorizando el control, la trazabilidad de los fondos y la eliminación de intermediaciones que durante años dificultaron la gestión. En este sentido, se busca que las políticas de discapacidad queden integradas plenamente al sistema de salud nacional.
Fuentes oficiales destacaron que el traspaso permitirá una mejor articulación entre programas, una reducción de trámites burocráticos y una respuesta más rápida a las necesidades de las personas con discapacidad. Además, se garantizará la continuidad de pensiones, prestaciones médicas y servicios, sin interrupciones para los beneficiarios.
Desde el Gobierno señalaron que la disolución de la ANDIS responde a una visión de Estado más eficiente y austero, enfocada en resultados concretos y en el uso responsable de los recursos públicos. La medida forma parte de una serie de reformas orientadas a modernizar la administración y fortalecer la gestión central de políticas sociales esenciales.
