Las irregularidades fueron detectadas durante una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se constató que miles de personas fallecidas seguían figurando como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad.
El Gobierno de Javier Milei informó que detectó graves irregularidades en el sistema de asistencia para personas con discapacidad, luego de comprobar que cerca de 180 mil personas fallecidas continuaban registradas como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El hallazgo surgió a partir de una auditoría integral realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se identificaron 178 mil certificados activos correspondientes a personas ya fallecidas. La situación fue confirmada tras el cruce de datos con las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior.
La auditoría se llevó adelante tras cambios recientes en la conducción del organismo y estuvo encabezada por el interventor Alejandro Vilches, sanitarista designado para reemplazar al exfuncionario Diego Spagnuolo. Una vez verificadas las inconsistencias, Vilches autorizó la baja inmediata de los certificados que no correspondían.
Desde la Casa Rosada señalaron que el volumen de casos detectados evidencia una maniobra sistemática que habría generado un perjuicio económico significativo para el Estado. En ese marco, el Gobierno evalúa avanzar con acciones judiciales, no solo contra quienes habrían percibido beneficios de manera indebida, sino también contra los prestadores involucrados.
Una fuente con conocimiento directo de la investigación fue contundente: “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”. En la misma línea, adelantó que se cotejarán los datos de los fallecidos con los prestadores, con el objetivo de determinar responsabilidades penales.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la condición de discapacidad de una persona y habilita el acceso a diversas prestaciones estatales, como cobertura de salud, transporte y asignaciones. Es emitido por una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada caso de manera individual.
Desde el Ejecutivo explicaron que la auditoría forma parte de una política más amplia de control y depuración de padrones, orientada a transparentar el uso de los recursos públicos y garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
