El Gobierno habilitó rifles semiautomáticos bajo un sistema de control técnico y trazabilidad total. La medida reemplaza la antigua prohibición por un régimen de permisos regulado por el RENAR, que exige altos estándares de seguridad y justificación deportiva.
El Gobierno de Javier Milei oficializó una reforma histórica en materia de control de armas, al habilitar la compra y tenencia de rifles semiautomáticos para civiles bajo un estricto sistema de permisos. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza el viejo esquema prohibicionista por un modelo de regulación técnica y trazabilidad total, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
La resolución establece que los legítimos usuarios y las entidades de tiro deportivo podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores extraíbles —como fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares— siempre que cuenten con autorización previa y cumplan los requisitos establecidos por el Registro Nacional de Armas (RENAR).
El nuevo régimen no implica una liberalización indiscriminada, sino una habilitación condicionada a criterios deportivos, de seguridad y responsabilidad civil. Los solicitantes deberán acreditar usos deportivos comprobables, participación en certámenes oficiales o certificaciones emitidas por entidades de tiro habilitadas.
Entre los requisitos más exigentes figuran:
Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario.
No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites pendientes ante el RENAR.
Disponer de un Sector de Guarda tipo G2, es decir, un sistema de almacenamiento seguro registrado.
Presentar una declaración jurada, fotografías del arma y documentación técnica detallada (marca, modelo, calibre, número de serie y CUIM).
Además, el trámite implica el pago de una tasa equivalente a la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).
Con esta decisión, el Ejecutivo derogó una serie de disposiciones antiguas (81/02, 54/04, 155/04 y 239/09) y unificó toda la normativa de control de armas y explosivos bajo la órbita del nuevo RENAR, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
La reforma consolida así un cambio de paradigma en la política de control de armas, al compatibilizar el derecho de los usuarios con un sistema de fiscalización moderno y trazable. Según fuentes oficiales, el objetivo es garantizar el uso responsable dentro de marcos legales claros, reduciendo arbitrariedades y promoviendo la práctica deportiva bajo estándares internacionales.
