Solicitaron la nulidad de la convocatoria y una medida cautelar para frenar el proceso electoral previsto para el 17 de octubre. Advierten que se modificaron las reglas durante el proceso y que existen cuestionamientos sobre el padrón, la participación de afiliados y los requisitos para presentar listas.
Afiliados del PRO Distrito Tucumán acudieron a la Justicia Federal Electoral para solicitar la nulidad de los actos vinculados al proceso de normalización partidaria y la suspensión inmediata del cronograma electoral interno, al considerar que existen una serie de irregularidades que afectan la transparencia, la igualdad de oportunidades y los derechos políticos de los afiliados.
La presentación cuestiona la Resolución de Convocatoria N.º 3/2026, mediante la cual se convocaron elecciones internas para el próximo 17 de octubre, y solicita que se detenga el avance del proceso hasta tanto se resuelvan los planteos de fondo.
“No se puede cambiar las reglas mientras la elección ya está en marcha”
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la decisión de eliminar, para esta elección, el requisito de seis meses de antigüedad en la afiliación establecido por la Carta Orgánica partidaria. Según la presentación, esta modificación altera el universo de afiliados habilitados para votar y ser candidatos y supone una modificación sustancial de las reglas electorales durante el propio proceso.
Los denunciantes también sostienen que se incumplieron obligaciones vinculadas con la confección y certificación del padrón de afiliados, cuestionamiento que, según el escrito, comprometería la validez del proceso de normalización.
A esto se suman cuestionamientos sobre el cronograma electoral, los mecanismos de exhibición e impugnación del padrón y las condiciones operativas para la presentación de listas.
La advertencia previa y el pedido de suspensión
Según consta en la presentación judicial, los afiliados ya habían reclamado formalmente el 7 de agosto al interventor del PRO Tucumán, Gabriel Santillán, solicitando la suspensión y reprogramación del cronograma, la reapertura del período de exhibición e impugnación del padrón y la reconsideración de la fecha de elección.
El planteo otorgó un plazo de 48 horas y, de acuerdo con la documentación acompañada, no habría recibido respuesta de la Junta Electoral.
Frente a la proximidad del vencimiento para la presentación de listas —fijado para el 25 de agosto a las 23:59—, los afiliados sostienen que resulta necesaria la intervención de la Justicia para evitar que el avance del cronograma torne irreparable cualquier eventual vulneración de derechos.
Qué le piden a la Justicia
La medida cautelar solicitada plantea, entre otros puntos:
- Suspender inmediatamente el cronograma electoral interno del PRO Tucumán.
- Suspender el vencimiento y los efectos del plazo de presentación de listas.
- Impedir que se oficialicen, rechacen o excluyan listas en función de los requisitos cuestionados.
- Frenar las siguientes etapas del proceso hasta resolver la cuestión de fondo.
En caso de que no se suspenda materialmente la recepción de listas, que estas sean recibidas y reservadas sin producir efectos hasta que exista una resolución judicial.
Los presentantes sostienen que la continuidad del cronograma podría generar perjuicios irreparables y que la suspensión temporal es necesaria para garantizar un proceso electoral legítimo, transparente y con igualdad de oportunidades.
“La democracia interna no puede ser una formalidad”
El planteo judicial pone el foco en una cuestión política de fondo: las reglas de una elección interna no pueden modificarse discrecionalmente mientras el proceso electoral está en marcha, porque hacerlo afecta la igualdad entre quienes participan y pone en riesgo la legitimidad del resultado.
La presentación reclama que, antes de continuar con las elecciones, se saneen las irregularidades denunciadas, se garantice la publicidad de las reglas, se revise el padrón y se establezca un cronograma que respete las normas partidarias y legales vigentes.
La elección interna debe ser una competencia limpia, transparente y con reglas claras para todos. Ningún sector puede pretender que las reglas se acomoden a conveniencia cuando el proceso electoral ya comenzó.
