Un nuevo fallo judicial desató la polémica en torno al derecho al voto de Cristina Kirchner. Tras una apelación del fiscal federal Julio César Zárate, la Cámara Nacional Electoral deberá decidir si la expresidenta puede mantenerse en el padrón.
Cristina Fernández de Kirchner enfrenta otro capítulo en su extenso historial judicial, esta vez vinculado a su derecho a votar. La Cámara Nacional Electoral (CNE) deberá definir si la exmandataria puede participar de los próximos comicios, luego de que el fiscal federal Julio César Zárate apelara el fallo del Juzgado Federal de Río Gallegos que la había habilitado para seguir figurando como electora activa.
El fallo de la jueza federal subrogante Mariel Borruto generó una fuerte controversia. En su resolución, declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal y del Código Nacional Electoral que prohíben votar a personas condenadas por delitos dolosos. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, por administración fraudulenta, un delito que encuadra en las normas impugnadas.
Borruto argumentó que “privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal”, y señaló que las normas cuestionadas no superan los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, ordenó mantener a Fernández como electora activa.
La jueza citó como precedente el fallo “Zelaya”, en el que se habilitó a un condenado a votar pese a tener una sentencia firme. Sin embargo, el caso de la expresidenta tiene connotaciones políticas y judiciales mucho más profundas. Zárate, al apelar, destacó justamente ese punto: que no se trata de un caso común, sino de una figura pública central en la política argentina, condenada por corrupción.
También se invocó el fallo “Orazi”, en el que la propia CNE y luego la Corte Suprema habían declarado inconstitucional la pérdida automática del derecho al voto para personas condenadas, e instaron al Congreso a legislar con mayor precisión sobre el tema. A pesar del tiempo transcurrido, esa legislación aún no fue actualizada.
La CNE deberá pronunciarse antes del 16 de septiembre, fecha en que se publica el padrón definitivo. Su fallo no solo determinará la situación de Cristina Kirchner, sino que podría marcar un nuevo hito sobre los derechos políticos de los condenados en la Argentina.
