El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal fijó las audiencias para los días 5 y 12 de junio de 2025 en el juicio contra Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros cuatro representantes del Sindicato de Camioneros. Los sindicalistas están acusados de extorsión en grado de tentativa por bloquear en 2020 el depósito de la empresa Andar Transportadora, una pyme familiar de Villa Soldati.
Los hechos denunciados
El 31 de julio de 2020, unos 15 representantes del Sindicato de Camioneros bloquearon las instalaciones de Andar Transportadora, reclamando el pago de una supuesta deuda que, según la Justicia, nunca existió. Durante el bloqueo, los sindicalistas habrían impedido el ingreso y egreso de camiones, amenazado a los trabajadores y coaccionado al propietario de la empresa, Alejandro Castell, para que efectuara el pago.
Según las pruebas recopiladas, los imputados intentaron extorsionar a Castell bajo el pretexto de una deuda inexistente relacionada con supuestas diferencias salariales de los trabajadores. El fiscal Ignacio Mahiques afirmó que los acusados actuaron con la única finalidad de despojar a la pyme de parte de su patrimonio en beneficio del Sindicato de Camioneros, una conducta que calificó como extorsión en grado de tentativa, delito penado con reclusión de 5 a 10 años.
Los acusados
Entre los cinco acusados se encuentra Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Pérez, considerado un hombre de confianza de Hugo Moyano, llegó a ser mencionado como posible integrante del triunvirato de la CGT. Otros implicados son Omar Dutrá, secretario de Logística del sindicato, y tres sindicalistas más: Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
En noviembre de 2021, el juez Fernando Caunedo procesó a los acusados por coacción, decisión que fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En agosto de 2022, el magistrado agravó las acusaciones, elevando la causa a juicio por extorsión en grado de tentativa.
El rol de Florencia Arietto y el pedido de audiencias televisadas
La abogada de Andar Transportadora, Florencia Arietto, solicitó que las audiencias del juicio sean transmitidas en vivo para exponer públicamente las prácticas de bloqueo sindical y el impacto que estas tienen en las pymes. Según Arietto, estas acciones no solo afectan económicamente a las empresas, sino que también perjudican a los trabajadores que representan.
“Es fundamental que el pueblo argentino conozca lo que vive una pyme cuando enfrenta a la mafia sindical. Los sindicatos no están protegiendo derechos laborales, están extorsionando para obtener beneficios propios”, afirmó Arietto, quien también forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB).
Arietto ya había pedido que se investigara la responsabilidad de Hugo Moyano como autor mediato de los hechos, basándose en la estructura jerárquica del sindicato, pero el juez no avanzó en esa dirección. Sin embargo, la abogada adelantó que, tras el juicio, buscará nuevas acciones legales contra Moyano.
Pruebas clave y acusaciones del fiscal
El fiscal Mahiques recopiló diversas pruebas que refuerzan la acusación. Entre ellas se encuentran registros de cámaras de seguridad del bloqueo, filmaciones realizadas por empleados de la empresa y el entrecruzamiento de llamadas que demuestran la presencia de los imputados en el lugar. Además, Castell aportó mensajes de WhatsApp que confirman la coordinación entre los acusados y la continuidad de las amenazas tras el bloqueo.
El fiscal también destacó que los reclamos de los sindicalistas carecían de respaldo legal. “El sindicato no estaba habilitado para exigir directamente el pago de una deuda. Debía acudir al Ministerio de Trabajo, que es la autoridad competente en estos casos”, sostuvo.
Antecedentes y contexto
El caso de Andar Transportadora no es el único en el que el Sindicato de Camioneros está implicado. En paralelo, dos dirigentes de la seccional San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, permanecen en prisión domiciliaria a la espera de juicio por otro bloqueo contra una pyme en 2021.
Además, Castell relató que las prácticas extorsivas del sindicato comenzaron mucho antes del bloqueo. Según el empresario, desde 2001 ha enfrentado pedidos de dinero y amenazas recurrentes. “Me exigían dinero por diferencias salariales y, cuando me negaba, me bloqueaban. En una ocasión, incluso me sugirieron pagarles con un camión de mi flota”, afirmó.
Expectativas y posibles implicancias
El juicio podría sentar un precedente significativo en la lucha contra los bloqueos sindicales y la extorsión a empresas en Argentina. Una eventual condena no solo afectaría a los imputados, sino que también podría intensificar el escrutinio sobre las prácticas del Sindicato de Camioneros y su líder, Hugo Moyano.
Para el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, este caso representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema más justo y transparente que proteja a las empresas y los trabajadores de prácticas abusivas. “Es hora de que la Justicia actúe con firmeza. No podemos permitir que las pymes sigan siendo rehenes de intereses sindicales desmedidos”, concluyó Castell.
Fuente: Infobae
