Hoy se llevó a cabo una audiencia de prórroga de las medidas de coerción contra los dos acusados. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II del MPF, que conduce Carlos Sale.
El auxiliar fiscal Miguel Esteban Fernández se refirió a la necesidad de mantener cautelado el proceso por el término de 51 días: “Los peligros procesales, riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, no han variado. Por las características del hecho, delito de homicidio en calidad de coautores, la pena en expectativa no admite condicionalidad”
Además refirió a los informes pendientes: tráfico de llamadas, impacto de antenas y oficio a una empresa de colectivos de larga distancia.
El investigador argumentó: “Cada vez que se analiza una línea telefónica surgen otras y se deben vincular en determinados períodos, lo que demanda tiempo. Desde agosto hasta ahora, se han llevado a cabo 10 informes por parte del departamento de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales”.
Tras escuchar a la querella y las defensas, el juez actuante resolvió hacer lugar al requerimiento de la Fiscalía pero por el plazo de 41 días.
La teoría del caso indica que entre el 9 de marzo y 12 de abril pasados, tiempo estimado de intervalo post mortem de acuerdo a la autopsia, los cinco imputados en la causa, en el domicilio de Chacabuco 59 de San Miguel de Tucumán, perteneciente a Gabriela Laura Picciuto, con intenciones de provocar la muerte de Picciuto procedieron a golpearla en la cabeza con un elemento duro animado de fuerza y velocidad, provocando su fallecimiento por traumatismo severo de cráneo.
Una vez fallecida, escondieron su cuerpo en una cisterna de mampostería ubicada en la planta baja, cubriéndolo con prendas de vestir, ropa de cama y bolsas, lugar en donde fue hallado en descomposición el 12 de mayo último.
