En una ciudad donde el estado de las calles, el tránsito, la infraestructura urbana y los servicios públicos siguen formando parte de los reclamos cotidianos de los vecinos, la gestión de Rossana Chahla decidió poner el foco esta semana en una agenda ambiental internacional. El lanzamiento del programa Fondo Juventud y Acción Climática volvió a abrir el debate sobre cuáles deberían ser hoy las prioridades del municipio capitalino y si este tipo de iniciativas responde a las demandas más urgentes de los tucumanos.
La iniciativa presentada por la Municipalidad prevé destinar una subvención total de US$ 50.000 para financiar proyectos ambientales impulsados por jóvenes de entre 15 y 24 años. San Miguel de Tucumán fue incorporada a una red internacional de 300 ciudades seleccionadas para desarrollar acciones vinculadas al cambio climático, con proyectos relacionados con educación ambiental, economía circular, movilidad sustentable, reforestación y otras medidas orientadas al plano ambiental.
Sin embargo, el anuncio llega en un contexto donde distintos sectores vienen cuestionando el orden de prioridades de la administración municipal. Mientras desde el Ejecutivo se impulsa esta agenda, persisten reclamos vinculados al estado urbano, la circulación y el mantenimiento de distintos puntos de la ciudad.
Las críticas aparecen además en un escenario donde el gasto político municipal quedó bajo observación pública. Un informe difundido por la Fundación Libertad ubicó al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán entre los tres más caros del país en costo por concejal. Según ese relevamiento, el cuerpo cuenta con un presupuesto anual superior a los $19.600 millones y registra uno de los mayores costos legislativos municipales de Argentina. A partir de esos datos, dirigentes opositores reclamaron una reducción del gasto político y cuestionaron que continúe creciendo la estructura estatal mientras persisten problemas urbanos sin resolver.
A esto se sumaron cuestionamientos recientes sobre contrataciones realizadas dentro del Plan Integral de Movilidad Urbana. Distintas presentaciones y denuncias públicas pusieron el foco sobre adjudicaciones para la instalación de paradas de colectivos mediante contratación directa y señalaron diferencias importantes en los costos informados entre obras similares realizadas con pocos meses de diferencia.
Entre los puntos observados figura que, mediante la Resolución N.º 4602 del 18 de septiembre de 2024, se autorizó un desembolso de $68.268.000 para instalar tres refugios para pasajeros, con un costo unitario de $22.756.000. Posteriormente, el 13 de diciembre del mismo año, se aprobaron $377.712.412 para construir 13 nuevas estructuras, elevando el valor unitario a $29.054.000 por parada.
Según los cuestionamientos difundidos públicamente, mientras la inflación acumulada del período rondó el 8,6%, el incremento del costo por refugio fue cercano al 29%. También se señaló que refugios sin pantallas LED adjudicados al mismo proveedor tuvieron un valor unitario informado de $12.647.576. Hasta el momento, las denuncias permanecen bajo análisis y no existe resolución judicial que determine si existieron irregularidades.
La discusión también toma fuerza porque una de las promesas iniciales de gestión estuvo vinculada al mejoramiento urbano. Durante el comienzo del mandato se había planteado un esquema intensivo para avanzar en obras de calles, bacheo y ordenamiento del tránsito durante los primeros 180 días. Con el paso del tiempo, la propia administración reconoció que continúan pendientes distintos desafíos en materia de infraestructura urbana.
Para sectores críticos, el debate ya no pasa por discutir la importancia del ambiente o de la participación juvenil, sino por determinar si corresponde impulsar este tipo de programas mientras gran parte de la ciudad continúa esperando respuestas sobre problemas más inmediatos. La discusión de fondo vuelve a ser la misma: qué necesita hoy San Miguel de Tucumán y dónde deberían estar puestas las prioridades del gobierno municipal.
