El Gobierno nacional informó que en los últimos seis meses fueron expulsados cerca de 14.000 extranjeros en el marco del endurecimiento de los controles migratorios impulsado por la administración de Javier Milei. Según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Seguridad, las medidas alcanzaron a personas con antecedentes penales, alertas internacionales, impedimentos legales o situación migratoria irregular.

La cifra fue comunicada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que el objetivo de la política es fortalecer el control fronterizo y garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente. Desde el Gobierno remarcaron que Argentina continúa abierta para quienes ingresan de manera legal, pero que se busca endurecer las condiciones para quienes incumplen la ley o intentan permanecer en el país sin autorización.
El operativo forma parte de una estrategia que incluye mayores controles en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y procedimientos territoriales coordinados entre fuerzas federales y organismos migratorios. Según los datos oficiales, ya a comienzos de año el Ejecutivo había informado casi 5.000 casos entre expulsiones, inadmisiones, capturas y extradiciones en apenas dos meses, una cifra que luego continuó creciendo.
Entre las herramientas utilizadas se encuentran sistemas biométricos de identificación y cruces de información con bases migratorias y de seguridad. Desde el oficialismo sostienen que estas medidas permiten detectar con mayor rapidez situaciones irregulares y reforzar el control sobre el ingreso y permanencia en el país.
La política migratoria se convirtió en uno de los ejes de seguridad de la gestión de Milei, que plantea una diferenciación entre inmigración legal e inmigración irregular. En ese marco, el Gobierno sostiene que el objetivo es priorizar el cumplimiento de las normas y evitar que personas con antecedentes o sin documentación regular permanezcan dentro del territorio nacional.
Desde el Ejecutivo consideran que el refuerzo de controles busca ordenar el sistema migratorio y acompañar una estrategia más amplia de seguridad fronteriza y cumplimiento de la ley.
