El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno encabezado por Javier Milei avanzará con una amplia agenda de transformaciones estructurales que incluyen el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la defensa de la propiedad privada y una serie de reformas legislativas orientadas a ordenar el funcionamiento económico y jurídico del país. La iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca dejar atrás años de desinversión, inseguridad jurídica y debilidad institucional.
Uno de los ejes centrales del plan es la reconstrucción del sistema de defensa. En ese sentido, Adorni confirmó que el 10% de los ingresos generados por privatizaciones será destinado a equipar y modernizar a las Fuerzas Armadas. El funcionario remarcó que se trata de una política de Estado y cuestionó la falta de inversión sostenida en el área durante las últimas décadas. Según explicó, el objetivo es recuperar capacidades estratégicas y devolverle al país una herramienta clave para la soberanía y la seguridad nacional.
En paralelo, el Ejecutivo avanzará con un paquete de leyes que tendrá como prioridad la protección de la propiedad privada. Entre las medidas más destacadas se encuentra el envío al Congreso de una nueva Ley de Desalojo, que permitirá a los propietarios recuperar inmuebles ocupados en un plazo de menos de cinco días. La iniciativa apunta a poner fin a las usurpaciones y brindar mayor seguridad jurídica tanto a ciudadanos como a inversores.
El programa también contempla reformas en normativas clave como la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras Rurales —habilitando la posibilidad de venta a extranjeros—, la Ley de Fuegos y distintos marcos regulatorios ambientales. Asimismo, el Gobierno prevé introducir modificaciones en la Ley de Glaciares, con el objetivo de devolver a las provincias la potestad de decisión sobre la actividad minera, en un intento por dinamizar inversiones en sectores estratégicos.
En materia de seguridad, Adorni adelantó que se impulsará una reforma del Código Penal que incluirá el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos, especialmente vinculados a modalidades delictivas modernas y a la cuestión migratoria. “Hay temas de seguridad que no pueden esperar”, sostuvo el funcionario, al tiempo que reafirmó el enfoque del Gobierno en priorizar la protección de los ciudadanos.
Otro de los puntos abordados es la reforma del sistema judicial. El Ministerio de Justicia enviará al Senado alrededor de 60 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores, en un intento por agilizar el funcionamiento de la Justicia y fortalecer las instituciones. Desde el oficialismo consideran que la falta de magistrados es uno de los principales problemas estructurales del sistema.
La agenda también incluye cambios en áreas sensibles como educación y discapacidad. Según explicó Adorni, se revisarán leyes sancionadas en 2023 que, a criterio del Gobierno, comprometen la sostenibilidad fiscal. El objetivo será mantener los niveles de asistencia, pero bajo un esquema que garantice equilibrio en las cuentas públicas.
En el plano internacional, el jefe de Gabinete destacó la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como una señal de apertura al mundo y subrayó el interés del Gobierno en consolidar vínculos estratégicos. Además, valoró el reconocimiento de organismos internacionales al sistema argentino, en el marco de una política exterior orientada a reposicionar al país.
Finalmente, Adorni confirmó que presentará su informe de gestión ante el Congreso el próximo 29 de abril y aseguró haber puesto a disposición toda la información vinculada a su patrimonio. “No somos lo mismo que los que vinieron antes”, afirmó, en un mensaje que buscó reforzar la idea de transparencia y ruptura con prácticas del pasado.
Con este conjunto de medidas, el Gobierno nacional avanza en una agenda ambiciosa que combina defensa, seguridad, reformas económicas y fortalecimiento institucional, con el objetivo de consolidar un nuevo modelo basado en reglas claras, orden y crecimiento sostenido.
