El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, salió al cruce del titular de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, y defendió el elevado presupuesto del cuerpo legislativo capitalino, luego de que un informe lo ubicara entre los más costosos del país. Lejos de dar explicaciones de fondo, el dirigente oficialista enmarcó las críticas en una “campaña adelantada” y pidió dejar “las cuestiones políticas para los tiempos políticos”.
La polémica se desató tras la difusión de un relevamiento que posiciona al Concejo capitalino como el tercero más caro de la Argentina en gasto anual por concejal. Con 18 ediles y un presupuesto cercano a los $19.622 millones, el costo por banca ronda los $1.100 millones anuales, una cifra que lo ubica solo por detrás de Posadas y Río Gallegos. El dato reavivó el debate sobre el costo de la política en una provincia atravesada por problemas estructurales.
Catalán había sido contundente: “Un concejal tucumano cuesta ocho veces más que uno de Mendoza”, sostuvo, y calificó de “vergüenza” que la provincia sea noticia nacional por el tamaño del gasto político. Además, vinculó ese nivel de erogación con las falencias cotidianas de la ciudad, desde inundaciones hasta deficiencias en infraestructura escolar y servicios básicos. “El ajuste tiene que empezar por la política”, insistió el referente liberal.
La respuesta de Juri no abordó el núcleo del cuestionamiento. En lugar de explicar por qué el Concejo necesita casi $20.000 millones para funcionar, optó por relativizar la comparación con otras ciudades y apeló al peso demográfico de la capital tucumana. Argumentó que San Miguel de Tucumán es una de las capitales más pobladas del país y que representa “una provincia dentro de otra”. Sin embargo, evitó detallar por qué ese factor justificaría una brecha tan amplia en el gasto por concejal respecto de otros distritos similares.
También calificó de “tendencioso” el cálculo que divide el presupuesto total entre las 18 bancas y aseguró que el Concejo representa apenas el 6% del presupuesto municipal. No obstante, el dato central —más de $1.100 millones por concejal al año— permanece sin una justificación técnica precisa que permita comprender la magnitud del gasto.
El debate se da en un contexto más amplio. A nivel provincial, la Legislatura tucumana figura entre las más costosas del país, con un presupuesto que supera los $134.000 millones y un costo cercano a $2.735 millones por legislador. Encuestas recientes reflejan además un fuerte malestar social: cerca del 80% de los tucumanos considera excesivo el dinero destinado al funcionamiento legislativo.
En ese marco, Catalán propuso limitar la cantidad de asesores por legislador, revisar la estructura administrativa y reducir el tamaño del aparato político. La discusión, que Juri intentó encuadrar como electoral, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: si el Concejo Deliberante es uno de los más caros del país, ¿qué reformas concretas está dispuesto a impulsar el oficialismo para transparentar y racionalizar el gasto?
