Un informe oficial señala que el 65 % de las víctimas fatales en siniestros viales en Tucumán corresponde a motos, con un promedio de 20 fallecidos por mes y un impacto profundo en familias y políticas de tránsito.
La provincia de Tucumán registra una cifra que vuelve a encender las alertas sobre seguridad vial: el 65 % de las muertes en siniestros viales involucra a motos. La estadística fue difundida en un informe oficial que detalla que, entre enero y octubre del año pasado, se produjeron 229 muertes por siniestros de tránsito, de las cuales 149 correspondieron a ocupantes o conductores de motos. Este dato refleja la gravedad de la problemática cuando se combina la alta circulación de motos con deficiencias en el respeto de normas de tránsito, el uso de casco y condiciones de conducción inseguras.
El informe indica que durante el año se produjeron, en promedio, 20 muertes mensuales en hechos viales. De acuerdo con las autoridades, este porcentaje de casos relacionados con motos muestra un patrón preocupante: los accidentes con participación de motocicletas son los que más terminan en fatalidades, superando a otros vehículos como autos, camionetas o camiones. La estadística se torna aún más alarmante al compararla con años anteriores, en donde la participación de motos en siniestros graves ya venía registrando un crecimiento sistemático.
En los hechos viales del período analizado, las motos no solo concentran la mayoría de las muertes, sino que también representan la mayor proporción de siniestros que involucraron lesiones graves. El grupo etario más afectado por estos hechos corresponde a jóvenes entre 18 y 35 años, un segmento que utiliza con mayor frecuencia motos tanto para trabajar como para desplazarse en la vida cotidiana. Este fenómeno no es exclusivo de Tucumán, pero sí se agrava aquí debido a la combinación entre la densidad poblacional, la expansión del uso de condiciones económicas que impulsan la compra de motos y una falta de cruzamiento eficiente entre políticas públicas, controles y educación vial.
Especialistas en seguridad vial consultados por este medio señalan que el aumento de motos en circulación en los últimos años —impulsado por la accesibilidad de estos vehículos y la expansión de servicios de entrega y movilidad personal— ha duplicado la exposición de este tipo de transporte a situaciones de riesgo. Si bien las motos representan una alternativa económica y flexible frente al transporte público, también conllevan mayor vulnerabilidad frente a colisiones, especialmente cuando no se respetan normas como el uso obligatorio de casco certificado, la velocidad adecuada y el respeto por semáforos y sendas peatonales.
La directora de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia destacó recientemente que “la mayoría de los siniestros se producen por errores humanos que podríamos evitar con educación, controles más estrictos y mayor conciencia”. Entre las causas señaladas por técnicos figuran la falta de uso adecuado de equipamiento, maniobras indebidas y el cruce imprudente de vehículos livianos, donde las motos se encuentran repetidamente en el centro de estas estadísticas.
Además, el informe puntualiza que en la mayoría de los casos de accidentes con motos, los conductores no habrían utilizado casco o lo habrían hecho de manera incorrecta, lo que agrava las consecuencias en caso de impacto. La diferencia entre resultar con lesiones leves o perder la vida a causa de un siniestro muchas veces se reduce a ese elemento de seguridad básico. Por ello, las campañas de concientización buscan reforzar no solo la obligatoriedad del casco, sino también su correcta colocación y uso de elementos complementarios de protección.
Familias de las víctimas y organizaciones sociales han alzado la voz, reclamando no solo justicia sino acciones concretas. “Perder a un hijo, un hermano o un amigo en un accidente con motos no es aceptar fatalidad; es exigir políticas reales, controles efectivos y educación vial desde las escuelas hasta las rutas”, afirmó la titular de una agrupación de familiares de víctimas viales.
La discusión pública también busca derribar algunos mitos: el crecimiento del número de motos circulando no implica necesariamente un aumento proporcional de riesgos si se acompaña de infraestructura adecuada, reglamentaciones claras y campañas continuas de prevención. La implementación de zonas de velocidad reducida, mayor fiscalización en puntos de alta siniestralidad y sanciones efectivas para conductas de riesgo son algunas de las recomendaciones que surgen del debate técnico y ciudadano.
Por su parte, desde el Gobierno provincial se reconoce la complejidad del fenómeno y se anunció una intensificación de operativos de tránsito, controles de documentación y campañas de concientización focalizadas en los principales corredores viales urbanos y rurales. Las autoridades afirmaron que no solo es necesario sancionar a quienes cometen infracciones, sino que también se debe trabajar en cambiar comportamientos y hábitos en todos los actores del tránsito.
