La investigación por el uso de presos condenados en trabajos de albañilería en una vivienda particular en El Cadillal sumó nuevos procesamientos. El juez Eduardo González dictó la prisión preventiva para otros dos policías involucrados en la causa, que tiene como principal imputado al ex titular de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Beltrán.
Según la pesquisa dirigida por la fiscala Mariana Rivadeneira, Beltrán habría utilizado durante los últimos dos meses a tres condenados por abuso sexual, junto a dos efectivos policiales, para realizar tareas de construcción en su vivienda ubicada en terrenos provinciales. El ex jefe de la URN ya se encuentra procesado en este expediente.
Testimonios y nuevas imputaciones
Los sargentos Trejo y Teseira, para quienes también se ordenó la prisión preventiva, declararon siguiendo la recomendación de su defensora, Julieta Jorrat. Sus testimonios aportaron detalles sobre el funcionamiento de la maniobra y permitieron sumar elementos de prueba.
Con esa información, la fiscala Rivadeneira avanzó en la acusación contra Colario Juárez, ex segundo jefe de la URN —dado de baja por decreto—, a quien se le atribuye presunto encubrimiento. Además, el suboficial Walter Frías fue imputado por encubrimiento y falsificación de instrumento público, debido a que habría registrado falsamente traslados de los detenidos hacia la comisaría de Chuscha cuando eran llevados a trabajar a la vivienda de Beltrán.
Un sistema organizado
En la audiencia, el auxiliar fiscal José Lizárraga —en representación del fiscal José Sanjuán, quien subroga a Rivadeneira— describió la existencia de un esquema estructurado dentro de la URN para utilizar a detenidos condenados como mano de obra para beneficio personal de miembros de la plana mayor.
Según la acusación, ese sistema se sostenía en tres prácticas: el alojamiento clandestino de los penados en instalaciones de la URN, el traslado de los mismos en móviles policiales hacia domicilios particulares y la falsificación de documentación junto al silencio funcional de distintos empleados.
Las autoridades judiciales anticiparon que no se descarta una ampliación de cargos contra Juárez, ante sospechas de que también podría haber empleado a condenados en trabajos privados en su propio domicilio.
Medidas cautelares y posibles nuevos procesamientos
La fiscala ya había informado que otros ocho funcionarios de la URN se encuentran bajo investigación por su presunta participación en el caso. Con las nuevas medidas, se abre la posibilidad de que más jefes policiales sean procesados en las próximas etapas.
En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió que a Trejo y Teseira se les impusiera prisión preventiva por cuatro meses, postura que fue rechazada por sus defensores. El juez González resolvió otorgar una medida cautelar de tres meses y autorizó que Frías —a diferencia del resto— cumpla la preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
