La capital tucumana volvió a quedar en el centro del debate: la intendenta Rossana Chahla con ayuda del Concejo Deliberante aprobó una suba del boleto y avanza con un impuesto a los uber moto, medidas que recaen sobre los sectores más vulnerables en medio de una crisis económica que golpea fuerte en la provincia.
Rossana Chahla promulgó este martes el aumento del 30% en el boleto de colectivo, que subirá de $950 a $1.250, en lo que constituye el primer paso de una estrategia que apunta a obtener recursos a partir de los usuarios del transporte público. La decisión llega en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y de indicadores de pobreza que baten récords en la capital tucumana.
Ajuste para los usuarios, beneficios para el Estado
El incremento tarifario, aprobado por 14 concejales contra 2, fue justificado por la intendenta como una respuesta a la inflación. Sin embargo, la medida coincide con el anuncio de un bono de $100.000 para los empleados municipales, replicando el esquema aplicado por la Provincia. Para los críticos, el contraste es contundente: mientras los usuarios afrontan un encarecimiento inmediato del transporte básico, la estructura estatal recibe beneficios.
Lejos de representar una mejora del servicio, la suba aparece como un paliativo financiero. La promesa oficial de implementar “controles permanentes” sobre las empresas de colectivos ya fue escuchada en numerosas ocasiones, mientras que la calidad del servicio continúa en retroceso. De hecho, la venta de boletos cayó un 41% en los últimos ocho meses, según informes recientes, lo que refleja la migración de los usuarios hacia alternativas más económicas o informales.
El próximo objetivo: los uber moto
Además de la suba del boleto, Chahla ratificó la ordenanza que regula a las aplicaciones de transporte en moto, anticipando la próxima etapa del esquema recaudatorio. Aunque el municipio afirma que se busca ordenar la actividad, el texto habilita la creación de registros, la nominalización de los conductores e incluso la aplicación de futuras tasas, lo que despierta preocupación entre miles de trabajadores informales que dependen de esta actividad para subsistir.
La medida, presentada como producto del “consenso”, fue respaldada por sectores políticos y empresarios del transporte tradicional. Sin embargo, los motoqueros que ya protestaron frente al Concejo Deliberante no participaron de ese acuerdo.
Un Concejo costoso en una ciudad empobrecida
Las decisiones se dan en un contexto en el que San Miguel de Tucumán fue señalada como una de las ciudades con el Concejo Deliberante más costoso del país: ocupa el tercer lugar en gasto por edil, con un costo que multiplica por ocho al de Mendoza. Para los opositores, esta estructura burocrática explica por qué el municipio busca nuevas fuentes de financiamiento entre los sectores de menores ingresos.
La ecuación final
Con estas medidas, San Miguel de Tucumán configura un escenario en el que los usuarios de colectivos y los trabajadores informales en moto son los principales aportantes involuntarios de un Estado municipal que no logra contener su propio gasto. Entre aumentos y futuras tasas, la movilidad básica se encarece mientras los ciudadanos de menores recursos financian una estructura política y administrativa difícil de sostener.
