La trayectoria política del diputado tucumano Mariano Campero, exintendente de Yerba Buena y referente opositor durante casi una década, vuelve a ser objeto de debate público. Sus movimientos recientes en el Congreso reactivaron un conjunto de denuncias, cuestionamientos administrativos y episodios polémicos que marcaron su paso por la gestión municipal y que hoy vuelven a estar bajo la lupa.
Los señalamientos que recaen sobre Campero abarcan presunta malversación de fondos, contrataciones irregulares, subsidios polémicos, tensiones institucionales y denuncias de vecinos por supuesto favoritismo hacia desarrolladores privados.
Denuncias por malversación y desvío de partidas
Uno de los capítulos más controvertidos de su gestión ocurrió en 2023, cuando concejales presentaron una denuncia por el presunto desvío de más de 155 millones de pesos del presupuesto municipal. Según la acusación, Campero reasignó recursos destinados a obras y servicios esenciales hacia otros fines mediante un decreto sin aprobación del Concejo Deliberante.
La presentación judicial incluyó cargos por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y administración fraudulenta, y se sumó a otros planteos previos por supuestas irregularidades en la ejecución de contrataciones.
Vecinos y desarrolladores: acusaciones de complicidad
Durante su gestión, Campero enfrentó también un prolongado conflicto con vecinos de barrios como Alto Verde, quienes lo acusaron de permitir el avance de emprendimientos inmobiliarios sin que se cumplieran etapas previas de obra ni condiciones mínimas de urbanización.
El mal estado estructural de la zona, la falta de desagües pluviales, los problemas de iluminación y la inseguridad fueron señalados como consecuencias directas de una política municipal que habría priorizado el interés de los desarrolladores sobre el bienestar de los habitantes. Los cuestionamientos apuntaron a una supuesta permisividad en favor del empresario Pablo Padilla.
El subsidio otorgado a un condenado por abuso
Otro hecho que generó fuerte rechazo público fue la entrega de un subsidio de $20.000 a un deportista de taekwondo que posteriormente sería condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado.
Aunque el municipio sostuvo que se trató de un trámite administrativo habitual, críticos de la gestión señalaron que el caso del beneficiario ya era conocido al momento de otorgar la ayuda. Además, nunca se reclamó la devolución del dinero tras la condena.
Contrataciones y la polémica “empresa fantasma”
A estos cuestionamientos se sumó la denuncia sobre una presunta empresa fantasma contratada por la Municipalidad. Aunque Campero negó enfáticamente cualquier irregularidad y afirmó que la acusación respondía a maniobras políticas, la falta de claridad en la documentación alimentó dudas sobre la transparencia en la selección de proveedores.
Crisis institucional dentro del municipio
La administración de Campero también atravesó episodios turbulentos dentro de la estructura municipal. Uno de los más recordados fue el intento de remoción del jefe de gabinete durante una licencia del intendente, hecho que fue calificado por sectores opositores como un “golpe institucional”.
Paralelamente, concejales denunciaron el funcionamiento irregular del Concejo Deliberante, con la presencia de ediles ausentes o alineados sin cuestionamientos a la gestión, lo que debilitó los mecanismos de control interno.
Un pasado que vuelve a pesar
Aunque muchas de las denuncias no han tenido sentencia firme, conforman un historial de opacidades y controversias que volvió a cobrar relevancia. Analistas locales señalan que estos episodios, sumados a sus cambios recientes en el ámbito legislativo, dejaron expuesto a Campero a fuertes cuestionamientos sobre su coherencia política y sobre la manera en que ejerció el poder durante sus años al frente de Yerba Buena.
