El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, luego de que el dirigente sindical afirmara públicamente que su objetivo era “provocar la crisis” del actual gobierno. La acusación, ingresada en la justicia federal por instrucción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apunta a determinar si esas expresiones constituyen una amenaza al orden constitucional y a la vida democrática.
La presentación fue realizada por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto, y quedó radicada en el juzgado del magistrado federal Sergio Ramos. Según el escrito, las declaraciones de Aguiar —emitidas en el marco del inminente debate por la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo— podrían encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que penalizan las amenazas dirigidas a alterar el funcionamiento de los poderes del Estado.
Las palabras del sindicalista, pronunciadas durante un reportaje y luego ampliamente difundidas en redes sociales y medios de comunicación, fueron consideradas por el Ministerio de Seguridad como una manifestación expresa de intención de desestabilizar al Gobierno. Bullrich calificó públicamente los dichos como “desestabilizadores y golpistas”, y el presidente Javier Milei replicó el mensaje, respaldando la postura oficial.
El documento remitido a la Justicia subraya la gravedad institucional de que este tipo de declaraciones provengan de un dirigente con representación dentro del sector público. En ese sentido, el Ministerio remarcó que incitar a “poner en crisis” al Gobierno implica afectar directamente el ejercicio legítimo del mandato popular y las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo, particularmente en momentos en que se está enviando al Congreso un proyecto central como la reforma laboral.
La denuncia también destaca la amplia difusión de las declaraciones, citando que los fragmentos completos pueden consultarse en plataformas como Instagram, X y TikTok, lo cual —según el Gobierno— refuerza el carácter público y la potencial capacidad de la amenaza para generar clima de inestabilidad.
El planteo forma parte de un contexto político y sindical especialmente tenso, marcado por la resistencia de sectores gremiales a los cambios impulsados por el Ejecutivo. En ese escenario, la Casa Rosada sostiene que la presentación judicial busca dejar sentado un límite claro frente a expresiones que, a su entender, exceden la protesta sindical legítima y rozan la afectación del sistema democrático.
El Ministerio de Seguridad solicitó al juzgado que se dé curso a la investigación y que se analice si las afirmaciones de Aguiar constituyen una amenaza pública e idónea para impedir el libre ejercicio de las atribuciones constitucionales del Gobierno. Con ello, la administración Milei apunta a reforzar la defensa institucional en medio del debate por una de las reformas estructurales más relevantes de su gestión.
