La denuncia sostiene que funcionarios de la Caja Popular de Ahorros y la exministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Juan Manzur desviaron mercadería destinada a sectores vulnerables, en una maniobra que —según el Tribunal de Cuentas— generó un perjuicio superior a $26 millones.
Una presentación penal ingresó a fines de la semana pasada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFDT) contra el interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José César Díaz, el exsubinterventor y actual legislador provincial Hugo Ledesma, varios agentes del organismo y la exministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Juan Manzur, Lorena Málaga.
Se los acusa de integrar una organización destinada al desvío sistemático de bienes públicos destinados a la asistencia social, maniobra que habría provocado un perjuicio millonario al Estado, por lo que se pide el allanamiento de sus domicilios y que la Justicia ordene su inmediata detención.
La denuncia, impulsada por Claudia Alejandra Álvarez con el patrocinio del los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, sostiene que los imputados “habrían participado en un grave desfalco y desvío masivo de fondos y bienes públicos, acto de corrupción de extrema gravedad que ha sido flagrantemente expuesto por el Honorable Tribunal de Cuentas”.
La presentación se fundamenta en los Acuerdos 5140 y 5184 del Tribunal de Cuentas, documentos que —tal como ya informó Tendencia de Noticias— revelaron que durante 2023, en pleno año electoral, se emitieron órdenes de entrega de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social que terminaron siendo retiradas por funcionarios de la CPA, sin convenio vigente, sin respaldo normativo y sin identificación de beneficiarios vulnerables.
La denuncia describe la existencia de una estructura organizada para solicitar, retirar y desviar bienes esenciales como alimentos, chapas, camas cuchetas, mesas y sillas.
Según el escrito, las autoridades del organismo —Díaz, Ledesma, Jorge Garay y Flavio Corres— solicitaron formalmente la mercadería al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo entonces de Lorena Málaga, pese a que la CPA “no tenía competencia institucional alguna para recibir o distribuir subsidios en especie”.
Incluso se señala la intervención de particulares sin cargo público, como Luis Carranza, Carlos Budeguer y Julio Naser, quienes habrían retirado los bienes “con previa autorización de las autoridades denunciadas”.
La presentación afirma que estas maniobras “permiten observar una posible organización criminal debidamente organizada y coordinada para perjudicar al Estado, a la sociedad y a la población más vulnerable”.
Un perjuicio superior a $26 millones
De acuerdo con el Tribunal de Cuentas, el daño patrimonial derivado del desvío asciende a $26.791.604,22, monto actualizado al 31 de enero de 2025.
Ese valor surge de la reconstrucción detallada de las 12 órdenes de entrega de mercadería emitidas ese año, donde se identifican solicitantes y retirantes de cada carga.
Por ejemplo, una de las órdenes relevadas (ODA 420477), fechada el 6 de octubre de 2023, muestra que el entonces subinterventor Ledesma pidió 200 unidades de siete productos esenciales —arroz, fideos, harina, leche en polvo, lentejas, puré de tomate y yerba— y que la mercadería fue retirada por Carranza. Situaciones idénticas se repiten en todas las órdenes analizadas.
Entre los bienes entregados por la cartera social figuran 1.950 paquetes de arroz, 2.220 paquetes de fideos, 2.200 kilos de harina, 1.300 cajas de leche en polvo, 1.400 paquetes de lentejas, 2.200 cajas de puré de tomate, 1.900 kilos de yerba, 1.200 latas de picadillo, 1.400 botellas de aceite y 600 kilos de azúcar, además de 50 camas cuchetas, 50 chapas, 100 sillas plásticas reforzadas y 20 mesas.
Pedido de allanamientos, secuestro de celulares y detenciones
Dada la gravedad de los hechos y la evidencia documental, la denunciante solicitó al fiscal:
Allanar nueve domicilios, incluyendo viviendas de los acusados y sedes de la Caja Popular.
Secuestrar los teléfonos celulares de todos los involucrados.
Ordenar la detención de los ocho acusados principales, al considerar que existe “riesgo de fuga” y posibilidades de “entorpecimiento de la investigación” debido al poder político, institucional y gremial de algunos de ellos.
“Estamos ante una organización poderosa e influyente que podría influir sobre las pruebas de la causa, ocultándolas o destruyéndolas”, argumenta el escrito, que además recuerda antecedentes recientes de presiones sobre la Justicia vinculadas al gremio bancario, citando declaraciones públicas del legislador Ledesma en la Legislatura provincial.
La Fiscalía deberá ahora analizar el extenso cuerpo documental aportado por el Tribunal de Cuentas y definir si promueve formalmente la acción penal, ordena medidas urgentes o avanza con los allanamientos pedidos por la parte denunciante.
Tal como adelantó Tendencia de Noticias la semana pasada, el propio organismo de control ya notificó sobre las actuaciones administrativas que dieron origen a esta denuncia a la Justicia y pidió al Ministerio Público Fiscal que investigue la posible comisión de delitos en perjuicio del erario público.
Según la presentación realizada por Álvarez y el abogado Atim, el objetivo es “la promoción de la acción penal y la prosecución de esta causa hasta la imposición del máximo de la pena” para los delitos denunciados, entre ellos peculado y asociación ilícita, cuyas penas pueden llegar hasta 10 años de prisión en el primer caso y hasta 15 en el segundo, dependiendo del rol de cada imputado.
Fuente: Tendencia de noticias
