La Justicia provincial avanza en la investigación por el escándalo ocurrido en El Cadillal, donde dos jefes policiales fueron dados de baja tras comprobarse que habrían utilizado a efectivos de la fuerza y a presos para realizar tareas de albañilería en una vivienda de esa villa turística. La fiscala Mariana Rivadeneira quedó a cargo de la causa y deberá determinar si existen más policías implicados.
El caso se conoció luego de que el comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte (URN), fuera detenido acusado de emplear a al menos dos agentes y cuatro internos —todos ellos condenados por delitos de abuso sexual— en trabajos de construcción en una casa de su propiedad. De acuerdo con la información oficial, los detenidos se presentaban a cumplir esas tareas trasladados en un móvil policial.
Según fuentes judiciales, el hecho salió a la luz tras una serie de llamados anónimos que derivaron en una investigación reservada. Con los primeros datos confirmados, la Policía detuvo en El Cadillal a cuatro personas: dos efectivos en funciones y dos reclusos que debían estar alojados en la comisaría de Chuscha.
Ante la gravedad del caso, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó la situación al gobernador Osvaldo Jaldo, quien ordenó una rápida intervención. La Fiscalía de Estado fue convocada al lugar junto con un escribano público, que constató las irregularidades y labró el acta correspondiente. Tras ello, se dispuso la aprehensión de los involucrados y la baja inmediata de Beltrán y de su segundo, el comisario Sergio Juárez, a través de un decreto.
La Unidad Regional Norte es una de las jurisdicciones más relevantes de la provincia, ya que abarca los departamentos de Trancas, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena. Con la medida administrativa, los dos jefes separados de la fuerza no podrán acceder de forma inmediata a su jubilación.
La fiscala Rivadeneira deberá analizar si se cumplió con los protocolos legales para el traslado de detenidos. Según los procedimientos vigentes, cada movilización de presos requiere autorización judicial y debe quedar registrada en el libro de actas de la dependencia correspondiente. Si no se cumplieron esas formalidades, podrían ser imputados otros policías, incluidos superiores jerárquicos y responsables del control zonal.
Además, la investigación se ampliará para determinar por qué los internos encontrados en el lugar no fueron trasladados al penal de Villa Urquiza o al de Benjamín Paz, tal como establece una acordada de la Corte Suprema de Justicia.
Otro punto bajo análisis será la situación dominial del terreno donde se realizaron los trabajos, ya que la propiedad se encuentra en el barrio Villa del Parque, una zona donde habría construcciones sobre tierras fiscales.
La pesquisa busca establecer el alcance total de la maniobra y definir las responsabilidades penales y administrativas de los implicados, en un caso que sacude nuevamente a la cúpula policial tucumana.
