La detención de Roxana Segovia en la localidad de Graneros, ocurrida durante un acto oficial encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, abrió un fuerte debate sobre el respeto a la libertad de expresión en Tucumán. La mujer fue arrestada luego de gritar “¡Viva la libertad, carajo!” en cercanías del lugar donde se desarrollaba la actividad gubernamental.
El episodio no pasó desapercibido. Medios nacionales como La Nación +, TN, Agarra la pala y A24 replicaron la noticia, otorgándole una relevancia que excede el plano provincial y que pone en discusión los límites entre la protesta ciudadana y la respuesta de las autoridades locales.
Según los registros oficiales, además de Segovia otras dos personas fueron demoradas en la misma jornada, bajo la acusación de realizar reclamos en público vinculados a la situación salarial en el municipio. No obstante, el caso de Segovia adquirió mayor notoriedad por estar relacionado con una consigna identificada con el espacio libertario.
La situación plantea interrogantes sobre el accionar policial y el clima político en Tucumán. Mientras referentes de La Libertad Avanza exigieron la liberación inmediata de las detenidas, distintos sectores cuestionaron lo que interpretan como un exceso en el uso de la fuerza pública frente a expresiones individuales.
El gobierno/dictadura provincial, por su parte, evitó pronunciarse en detalle sobre el operativo. Sin embargo, la controversia creció a medida que la noticia escalaba a la agenda nacional, instalando a Tucumán en el centro del debate sobre las garantías constitucionales.
Para la oposición, el caso refleja un retroceso en materia de libertades individuales. En contraste, la administración de Jaldo buscó enmarcarlo dentro de la necesidad de mantener el orden en actos oficiales.
La repercusión nacional evidencia que lo sucedido en Graneros no se limita a un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto donde la tensión entre el poder político provincial y la demanda ciudadana por mayor libertad se hace cada vez más visible.
