El decreto que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo otorga una asignación especial que multiplica por 2,5 los sueldos de la Fiscal de Estado y su Adjunto, en medio de un contexto de ajuste y crisis económica. El “bloqueo de título” fue la excusa elegida para justificar el beneficio.
En medio de una profunda crisis económica en la provincia y con miles de trabajadores tucumanos lidiando con salarios que no alcanzan para cubrir lo básico, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó un polémico decreto que otorga un incremento salarial encubierto a dos funcionarios de su entorno más cercano. Se trata de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y el fiscal Adjunto, Raúl Ferrazano, quienes pasarán a cobrar un 150% más de lo que venían percibiendo gracias a una asignación “especial, remunerativa y no bonificable” por el llamado “bloqueo de título”.
El decreto 584/2025, fechado el 14 de marzo pero recién publicado esta semana en el Boletín Oficial, justifica este incremento como una compensación por la imposibilidad que tienen ambos funcionarios de ejercer libremente la abogacía mientras ocupan sus cargos. Una situación que, según el texto, representa una “limitación enorme en términos de ingresos”.
Sin embargo, el contexto en el que se toma esta decisión genera indignación: mientras el gobierno provincial exige esfuerzos a empleados públicos, suspende pagos, reduce beneficios y posterga nombramientos, Jaldo firma un decreto que multiplica por 2,5 los ingresos de dos funcionarios privilegiados.
¿Una mejora justificada o una muestra de privilegio?
La titular del área, Gilda Pedicone de Valls, intentó explicar la decisión asegurando que no se trata de un aumento sino de un concepto legal ya contemplado por la normativa. “Este es un concepto dentro del mismo sueldo por bloqueo de título y no quiere decir que los haberes se multipliquen por 2,5”, declaró. Pero las palabras no alcanzan a ocultar el impacto real: sus ingresos se verán aumentados de manera significativa y sin que medie evaluación de desempeño ni concurso alguno.
Pedicone de Valls incluso detalló que para asumir el cargo tuvo que cerrar su estudio jurídico, algo que, según ella, justifica la mejora. “Esto implica una limitante enorme en términos de ingresos para quienes asumimos estos cargos”, sostuvo.
Críticas al decreto y opacidad en su publicación
Otro aspecto cuestionable del decreto es su fecha encubierta. Aunque fue firmado en marzo, recién se conoció en julio, meses después, como si se intentara evitar que generara revuelo en su momento. La publicación tardía refuerza la percepción de que se trata de una maniobra que se quiso ocultar.
Además, queda la pregunta clave: ¿por qué ahora? ¿Por qué en un momento en que el Gobierno provincial repite que “no hay plata” para otros sectores, sí hay recursos para otorgar privilegios a cargos afines?
Un mensaje equivocado
El “bloqueo de título” puede ser una figura legal, pero en el contexto actual suena más a excusa que a argumento. En una provincia donde la educación, la salud y la seguridad enfrentan recortes y precariedad, donde el desempleo y la informalidad crecen, la decisión de premiar con aumentos encubiertos a funcionarios de confianza envía un mensaje de desconexión y privilegio.
El decreto ya está vigente. Pero la indignación también. Y la ciudadanía toma nota.
