El Gobierno confirmó ante la Mesa de Enlace agropecuaria que la reducción de retenciones a las exportaciones es una medida temporal, pero ratificó su compromiso con la baja de la carga impositiva a medida que la recaudación lo permita. En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el próximo tributo en la mira es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como “impuesto al cheque”.
Durante el encuentro, que se extendió por una hora, Caputo defendió la decisión de reducir temporalmente los derechos de exportación, argumentando que no hay atraso cambiario y que, en la medida en que se mantenga el superávit fiscal, podrán adoptarse nuevas medidas de alivio tributario.
Los representantes del sector agropecuario solicitaron que la reducción de retenciones sea permanente y que el equipo económico explique directamente a los productores los fundamentos de la medida para incentivar la comercialización de granos en el corto plazo. Además, pidieron inversiones en infraestructura para mejorar la competitividad y plantearon la posibilidad de una segmentación de las retenciones según el nivel de ventas, propuesta por la Federación Agraria.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, destacó que el Gobierno está trabajando con empresas privadas para atender el deterioro de la infraestructura. Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, manifestó preocupación ante la posibilidad de cierre de organismos nacionales clave para el agro, como el INTA y el Senasa.
Desde la Mesa de Enlace coincidieron en que el Gobierno comprende que los derechos de exportación son un impuesto injusto, pero se mostraron dispuestos a esperar mejores condiciones macroeconómicas para su eliminación. “Nos pidieron paciencia para garantizar que las finanzas públicas sean sólidas antes de avanzar en una baja definitiva de retenciones”, explicó Pino al finalizar la reunión.
Según el equipo económico, la reducción temporal de retenciones implicaría un costo fiscal de aproximadamente USD 1.000 millones, cifra superior a los USD 800 millones mencionados en el anuncio inicial. En contraste, el Consejo Agroindustrial Argentino estima que la medida podría generar una liquidación adicional de divisas de unos USD 1.700 millones.
El Ministerio de Economía informó también que la Mesa de Enlace cuestionó la proliferación de impuestos y tasas municipales impuestas por provincias y municipios, con especial énfasis en la “tasa vial”, que en algunos casos tuvo incrementos de hasta el 500%. Además, remarcaron que los fondos recaudados por los impuestos inmobiliarios no están siendo destinados al mantenimiento y desarrollo de caminos rurales.
La reunión contó con la presencia de Luis Caputo, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, el titular de ARCA Juan Pazo, y los representantes de la Mesa de Enlace: Nicolás Pino (Sociedad Rural), Andrea Sarnari (Federación Agraria), Lucas Magnano (Coninagro) y Carlos Castagnani (CRA).
A pesar del anuncio, en el mercado persisten dudas sobre la implementación de la medida y su impacto en la comercialización de granos. Según fuentes del sector exportador, la liquidación de divisas no tomará velocidad hasta que los productores vendan sus existencias de maíz y soja de la campaña anterior. Además, señalan que la baja del crawling peg al 1% mensual y la reducción de la tasa de interés en pesos podrían acelerar este proceso.
Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es el requisito de liquidación rápida para acceder a la baja de retenciones. Según la reglamentación de ARCA y el Banco Central, los exportadores deberán liquidar el 95% de las divisas obtenidas en el mercado oficial de cambios dentro de los 15 días hábiles posteriores a la operación. Desde el sector cerealero consideran que la implementación de este mecanismo requerirá de herramientas de financiamiento específicas para garantizar el flujo de divisas.
Con la confirmación de la baja temporal de retenciones y el compromiso del Gobierno de avanzar en una reducción impositiva progresiva, el sector agropecuario se mantiene expectante ante la evolución de la macroeconomía y la posibilidad de que las promesas de alivio fiscal se materialicen en el mediano plazo.
