En una sesión sin sobresaltos y con amplio respaldo de distintos sectores, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto clave en materia de seguridad, que busca endurecer las penas para reincidentes y reiterantes en el delito. Con esta iniciativa, el Gobierno de Javier Milei avanza en una de sus principales promesas de campaña: combatir la denominada “puerta giratoria” del sistema judicial.
La iniciativa obtuvo 138 votos afirmativos, 94 negativos y una abstención. El oficialismo de La Libertad Avanza contó con el apoyo de legisladores del PRO, la UCR y representantes provinciales, mientras que el kirchnerismo y la izquierda votaron en contra. Se espera ahora que el Senado, donde el cristinismo mantiene influencia, represente un obstáculo significativo para su sanción definitiva.
Puntos centrales del proyecto
El texto aprobado endurece el concepto de reincidencia y establece nuevos criterios para determinar la reiterancia delictiva. En primer lugar, define que “se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”.
La diputada cordobesa del PRO y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, explicó la importancia del cambio: “Cuando un delincuente comete otro delito, muchas veces no recibe una pena efectiva de prisión, lo que le permite seguir delinquiendo sin ser considerado reincidente. Con este proyecto, bastará con que una condena esté firme para que pierda los beneficios de la ley”.
Otro aspecto clave es la eliminación de la posibilidad de dictar penas menores mediante combinaciones discrecionales. “Hoy un juez puede hacer un ‘mix’ de penas que termina beneficiando al delincuente. Ahora, la pena final será la sumatoria total de todos los delitos cometidos”, detalló Rodríguez Machado.
Además, se incorpora una modificación al código procesal para permitir que los antecedentes de una persona sean considerados al momento de evaluar su libertad condicional. “Actualmente, un juez sólo puede evaluar el peligro de fuga o el entorpecimiento de la causa. Ahora también podrá considerar las imputaciones previas del detenido”, agregó la legisladora.
Argumentos a favor y en contra
Desde el oficialismo y sus aliados, se enfatizó que esta reforma es esencial para combatir la inseguridad. La diputada radical Pamela Verasay mencionó el caso de Mendoza, donde una política similar llevada a cabo en la provincia resultó en una reducción de casi el 50% en los delitos contra la integridad física, incluidos homicidios y robos con armas de fuego.
Por su parte, el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, resaltó que “el avance del narcotráfico, el terrorismo y el delito organizado nos obliga a proteger a los ciudadanos con herramientas concretas, en lugar de dejar que los jueces interpreten la ley a su antojo”.
Sin embargo, la oposición kirchnerista y de izquierda expresó un fuerte rechazo. El legislador rionegrino Martín Soria calificó el proyecto como inconstitucional y aseguró que “buscan encarcelar ciudadanos inocentes, reemplazando la presunción de inocencia por un análisis especulativo de los jueces sobre si alguien cometerá un delito en el futuro”.
El desafío en el Senado
Ahora, el proyecto enfrenta un desafío en la Cámara Alta, donde se prevé una dura resistencia por parte del cristinismo. Sin embargo, el Gobierno confía en lograr la aprobación con el apoyo de legisladores dialoguistas y opositores a la línea dura kirchnerista.
La diputada libertaria María Celeste Ponce sintetizó la postura del oficialismo: “Queremos poner fin a la fiesta de los delincuentes. Hoy entran y salen del sistema judicial como si fuera un parque de diversiones. Con esta ley, eso se termina”.
Si el Senado da luz verde a la iniciativa, el Gobierno de Milei habrá dado un paso significativo en la reforma del sistema penal, alineándose con su promesa de mayor seguridad y justicia para los ciudadanos. Resta saber si la oposición podrá frenar este avance o si el oficialismo logrará imponer una nueva doctrina en materia de reincidencia y reiterancia delictiva.
