El legislador tucumano José Orellana enfrenta crecientes presiones para dejar su banca en la Legislatura provincial, luego de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazara su recurso extraordinario en una causa por abuso sexual. Esta decisión consolida tres fallos consecutivos en su contra, que incluyen una condena a tres años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La causa contra Orellana comenzó en 2016, cuando era diputado nacional y fue acusado por una empleada del Congreso de abuso sexual en su despacho. Según el testimonio de la víctima, Orellana la sometió a manoseos y besos no consentidos. La denuncia derivó en un juicio que culminó en diciembre de 2022 con una condena en primera instancia por abuso sexual simple. Este fallo fue ratificado por la Cámara de Casación en agosto de 2024, y la reciente decisión judicial dejó como única opción para Orellana recurrir en queja ante la Corte Suprema, un recurso que se estima poco probable que prospere.
En este contexto, el abogado Gustavo Morales presentó un nuevo pedido ante la Legislatura para la destitución de Orellana. En su escrito, Morales argumenta que la permanencia del legislador no solo degrada la institucionalidad del cuerpo legislativo, sino que también socava la confianza pública en sus representantes. Citando el artículo 58 de la Constitución de Tucumán, que permite la remoción por inhabilidad moral, Morales exige una pronta resolución y advierte sobre posibles responsabilidades penales para los legisladores si no actúan.
Este reclamo no es el primero. Morales ya había solicitado la remoción en diciembre, recordando que el fallo de primera instancia que impuso la inhabilitación perpetua está firme desde agosto de 2024. Sin embargo, hasta ahora, la Legislatura no se ha pronunciado sobre el caso.
La presión sobre Orellana aumenta, con especulaciones sobre una posible renuncia voluntaria para evitar un proceso de remoción. Mientras tanto, los cuestionamientos hacia la Legislatura por la falta de acción generan un clima de tensión institucional.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y la integridad en las instituciones públicas. La resolución que tome la Legislatura no solo afectará la carrera política de Orellana, sino que también enviará un mensaje claro sobre la tolerancia hacia conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Fuente: Tendencias de Noticias
