Si los siete años de mora que tiene la Provincia en cumplir con la promesa de la ex administración de Juan Manzur en avanzar en una Ley de Acceso a la Información Pública, fueron motivos suficientes para que el gobernador Osvaldo Jaldo envíe finalmente a la Legislatura un proyecto en este sentido, nuevas alarmas se encienden en Tucumán a partir de la información que surge del Índice Nacional de Transparencia (Intra) que releva el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a los principales datos oficiales de los 24 distritos del país.
Es que dicho indicador muestra que Tucumán se encuentra entre los 5 distritos con peor puntaje en cuanto a la existencia de herramientas e instrumentos que favorezcan la transparencia administrativa de los poderes Ejecutivos.
El Índice, elaborado por Ruido y Poder Ciudadano con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad, durante la segunda quincena de octubre 2024, señala que nuestra provincia tiene un nivel de accesibilidad a datos de gestión que llega al 40,3%, si bien es cierto que aparece como el último distrito que posee una consideración “moderada” de transparencia, se encuentra al límite de integrar el lote donde tal parámetro es prácticamente “insuficiente”. En esta categoría se ubican la provincia gobernada por Gildo Insfrán, Formosa, quedando última en el ranking con 12,8%, seguida por Santiago del Estero, de Gerardo Zamora, que obtuvo el 20,8%. Luego Salta, que tiene a Gustavo Sáenz en su segundo mandato, con el 37,9%, y San Juan, gobernada por Marcelo Orrego, con el 38,6%.
El Intra analizar 58 variables distintas condensadas en 13 ítems en materia de transparencia e integridad. Los dos distritos en la categoría de “alta transparencia” (con puntaje mayor al 70%) son: Mendoza (77,2%) y Ciudad de Buenos Aires (CABA), con 85%, al tope de este ranking. En tanto que la Administración Nacional, que también fue evaluado (poder Ejecutivo de la Nación), aparece con 83,9%. El promedio general de los 25 distritos (incluida Nación) es de 54,3 puntos sobre 100.
Deudas pendientes
El informe detalla que en Tucumán, Formosa, San Juan y Santiago del Estero no es posible acceder de manera online al presupuesto provincial, la herramienta más básica de un Estado para determinar ingresos y gastos por rubros, dependencias y programas, así como el control sobre el uso de esos recursos. Y en 11 de las provincias en donde sí son accesibles los presupuestos, no se puede encontrar la ejecución presupuestaria, información clave para monitorear el nivel de cumplimiento de lo pactado.
En tanto, ninguno de los 24 distritos nacionales posee registros de viajes, de reuniones o de regalos recibidos y/o realizados por gobernadores (en el caso de las provincias) o por el jefe de gobierno (en el caso de CABA). Para esta variable se tomó como parámetro el caso del Ejecutivo nacional, en donde es obligatorio registrar estos tres ítems, gracias a los cuales se pueden chequear datos o reuniones fundamentales para ejercer el control ciudadano de la gestión de autoridades.
Si bien 22 provincias poseen algún tipo de norma que obliga a gobernadores y otras autoridades a presentar la declaración jurada de bienes, sólo 8 distritos efectivamente las muestran y las mantienen accesibles al público: CABA, Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza.
En este aspecto, hace pocos días, Jaldo fue noticia por ser uno de los cinco gobernadores argentinos que optó por no presentar públicamente su declaración jurada (DDJJ), amparado en la ley provincial N° 7939, que lo habilita a entregar ese informe sobre su patrimonio a sobre cerrado. Los otros cuatro mandatarios provinciales que no rindieron cuentas sobre sus bienes, con argumentos similares, son Insfrán, Ricardo Quintela, de La Rioja, Gustavo Valdéz, de Corrientes, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. En el caso de Tucumán, no existe una ley que obligue al titular del Poder Ejecutivo a presentar públicamente su declaración jurada.
Siguiendo con el informe sobre transparencia, se destaca que hay tres provincias en la que aún no existe ninguna norma -o adhesión a otras- en materia de acceso a la información en la Administración Pública provincial: Tucumán, Formosa y San Juan. Son, al mismo tiempo, tres de los distritos con bajísimo nivel de transparencia, según este relevamiento. Esto, más allá de la iniciativa elevada a la Cámara que se adujo al principio de la nota, la cual, según los propios referentes del oficialismo, podría empezar a ser debatida en el primer trimestre de 2025. Vale recalcar que desde hace varios años existen en la Legislatura diversos proyectos en la materia presentados por referentes opositores e instituciones de la Sociedad Civil, como es el caso de la Mesa de Diálogo Tucumán, pero que fueron cajoneados por el oficialismo de turno, en este caso el peronismo local, por lo que perdieron estado parlamentario y no pudieron ser analizados en el recinto de sesiones, ni siquiera en las comisiones respectivas.
Si los siete años de mora que tiene la Provincia en cumplir con la promesa de la ex administración de Juan Manzur en avanzar en una Ley de Acceso a la Información Pública, fueron motivos suficientes para que el gobernador Osvaldo Jaldo envíe finalmente a la Legislatura un proyecto en este sentido, nuevas alarmas se encienden en Tucumán a partir de la información que surge del Índice Nacional de Transparencia (Intra) que releva el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a los principales datos oficiales de los 24 distritos del país.
Es que dicho indicador muestra que Tucumán se encuentra entre los 5 distritos con peor puntaje en cuanto a la existencia de herramientas e instrumentos que favorezcan la transparencia administrativa de los poderes Ejecutivos.
El Índice, elaborado por Ruido y Poder Ciudadano con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad, durante la segunda quincena de octubre 2024, señala que nuestra provincia tiene un nivel de accesibilidad a datos de gestión que llega al 40,3%, si bien es cierto que aparece como el último distrito que posee una consideración “moderada” de transparencia, se encuentra al límite de integrar el lote donde tal parámetro es prácticamente “insuficiente”. En esta categoría se ubican la provincia gobernada por Gildo Insfrán, Formosa, quedando última en el ranking con 12,8%, seguida por Santiago del Estero, de Gerardo Zamora, que obtuvo el 20,8%. Luego Salta, que tiene a Gustavo Sáenz en su segundo mandato, con el 37,9%, y San Juan, gobernada por Marcelo Orrego, con el 38,6%.
El Intra analizar 58 variables distintas condensadas en 13 ítems en materia de transparencia e integridad. Los dos distritos en la categoría de “alta transparencia” (con puntaje mayor al 70%) son: Mendoza (77,2%) y Ciudad de Buenos Aires (CABA), con 85%, al tope de este ranking. En tanto que la Administración Nacional, que también fue evaluado (poder Ejecutivo de la Nación), aparece con 83,9%. El promedio general de los 25 distritos (incluida Nación) es de 54,3 puntos sobre 100.
Deudas pendientes
El informe detalla que en Tucumán, Formosa, San Juan y Santiago del Estero no es posible acceder de manera online al presupuesto provincial, la herramienta más básica de un Estado para determinar ingresos y gastos por rubros, dependencias y programas, así como el control sobre el uso de esos recursos. Y en 11 de las provincias en donde sí son accesibles los presupuestos, no se puede encontrar la ejecución presupuestaria, información clave para monitorear el nivel de cumplimiento de lo pactado.
En tanto, ninguno de los 24 distritos nacionales posee registros de viajes, de reuniones o de regalos recibidos y/o realizados por gobernadores (en el caso de las provincias) o por el jefe de gobierno (en el caso de CABA). Para esta variable se tomó como parámetro el caso del Ejecutivo nacional, en donde es obligatorio registrar estos tres ítems, gracias a los cuales se pueden chequear datos o reuniones fundamentales para ejercer el control ciudadano de la gestión de autoridades.
Si bien 22 provincias poseen algún tipo de norma que obliga a gobernadores y otras autoridades a presentar la declaración jurada de bienes, sólo 8 distritos efectivamente las muestran y las mantienen accesibles al público: CABA, Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza.
En este aspecto, hace pocos días, Jaldo fue noticia por ser uno de los cinco gobernadores argentinos que optó por no presentar públicamente su declaración jurada (DDJJ), amparado en la ley provincial N° 7939, que lo habilita a entregar ese informe sobre su patrimonio a sobre cerrado. Los otros cuatro mandatarios provinciales que no rindieron cuentas sobre sus bienes, con argumentos similares, son Insfrán, Ricardo Quintela, de La Rioja, Gustavo Valdéz, de Corrientes, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. En el caso de Tucumán, no existe una ley que obligue al titular del Poder Ejecutivo a presentar públicamente su declaración jurada.
Siguiendo con el informe sobre transparencia, se destaca que hay tres provincias en la que aún no existe ninguna norma -o adhesión a otras- en materia de acceso a la información en la Administración Pública provincial: Tucumán, Formosa y San Juan. Son, al mismo tiempo, tres de los distritos con bajísimo nivel de transparencia, según este relevamiento. Esto, más allá de la iniciativa elevada a la Cámara que se adujo al principio de la nota, la cual, según los propios referentes del oficialismo, podría empezar a ser debatida en el primer trimestre de 2025. Vale recalcar que desde hace varios años existen en la Legislatura diversos proyectos en la materia presentados por referentes opositores e instituciones de la Sociedad Civil, como es el caso de la Mesa de Diálogo Tucumán, pero que fueron cajoneados por el oficialismo de turno, en este caso el peronismo local, por lo que perdieron estado parlamentario y no pudieron ser analizados en el recinto de sesiones, ni siquiera en las comisiones respectivas.
Tucumán también es una de las 10 provincias donde aún es necesario presentar un pedido de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta el procedimiento para hacerlo y al mismo tiempo desincentiva la participación ciudadana. En los demás distritos se pueden solicitar de manera online, ya sea por mail o por formularios específicos.
En nuestra provincia, como en la totalidad de las jurisdicciones subnacionales, tampoco es posible acceder a un listado completo y actualizado de todo el personal que trabaja en la Administración Pública que depende de los Ejecutivos provinciales. De esta manera, resulta muy difícil saber con exactitud cuánta gente emplea una gestión, quiénes son y qué cargos ocupan.
Asimismo, postula el informe, en Tucumán no es posible saber cómo el gobierno distribuyen la pauta oficial, y ni siquiera existe una norma sobre su difusión.
“Nos encontramos y chocamos todo el tiempo con la opacidad en el Acceso a la Información, es muy preocupante lo que sucede en las provincias, y no dejamos de sorprendernos en cada una de nuestras investigaciones”, detalló durante la presentación en la sede de Poder Ciudadano, el periodista Edgardo Litvinoff, que lidera Ruido, una alianza de periodistas de investigación, especialistas en análisis de datos y organizaciones de la sociedad civil con presencia en todas las provincias. Aseguró que si bien se trata de un “índice vivo”, la limitación del Intra es poder evaluar el efectivo cumplimiento en cada provincia, por lo cual se espera a futuro seguir la evolución del índice a partir de informes anuales que lo actualicen.
