La Justicia Federal de Tucumán deberá resolver un recurso de amparo en contra de las resoluciones mediante las que el PAMI restringió el acceso a los medicamentos gratuitos a los jubilados que perciban más de $390.000. El planteo fue formulado por el diputado nacional Carlos Cisneros (Unión por la Patria), quien además reclamó a la Justicia el dictado de una medida cautelar para dejar sin efecto las disposiciones de la obra social de los jubilados, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Cisneros interpuso el recurso en su carácter de secretario de Administración de la Asociación Bancaria Nacional, “entidad que defiende los derechos de personas integrantes del grupo o colectivo afectado”, como así también en su carácter de miembro de la comisión directiva de la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario (Redecu). Firman el planteo además la titular local de la Bancaria, Cecilia Sánchez Blas, y la abogada Patricia Neme.
“Todas las personas afiliadas de la Provincia de Tucumán que en forma actual sufren, o en forma inminente sufrirán, una restricción u obstrucción en el acceso a medicamentos, o una disminución en la cobertura de los mismos, con motivo de las resoluciones del PAMI”, expuso el opositor.
Por ese motivo, pidió a la Justicia que se ordene al PAMI a garantizar a las personas afectadas el acceso a medicamentos indicados y la cobertura de los mismos, en forma simple, oportuna y de conformidad con las normas vigentes.
También, solicitó que la obra social se abstenga “de innovar con respecto a las condiciones, bajo las cuales se realizan las prestaciones relacionadas con el acceso a medicamentos y la cobertura de los mismos, existentes con anterioridad a las medidas anunciadas el 2 de diciembre”.
Cisneros sostiene en su escrito que las restricciones son inconstitucionales y por eso insta a la Justicia a que se restablezca en forma inmediata a las personas afectadas por la resolución, el acceso a los medicamentos y la cobertura de los mismos que gozaban con anterioridad a la publicación de las normas impugnadas, como así también la cobertura que garantizaba el programa “Vivir Mejor”.
El dictado de la cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, dijo, se justifica en el peligro para la salud y la vida de las personas afectadas que acarrea la imposibilidad de acceder a medicamentos gratuitos para continuar con los tratamientos médicos indicados.
Como se recordará, al comenzar diciembre el PAMI anunció que la cobertura del 100% de medicamentos iba a continuar para jubilados y pensionados que cumplieran con ciertos requisitos y tramitaran un subsidio por razones sociales. La medida se orienta, según se justificó, a financiar la demanda en lugar de la oferta de fármacos.
Entre los requisitos principales figura tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos ($389.398, según los valores de diciembre) o menores a tres haberes en hogares con convivientes con Certificado Único de Discapacidad; no estar afiliados a una prepaga; no tener más de un inmueble, ni un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo; y no ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.
Aquellos jubilados y pensionados que cobren más de 1,5 haberes mínimos, puede solicitar el beneficio por vía de excepción si el costo de los medicamentos equivale o supera el 15% de los ingresos, presentando informe social, escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y revalidación médica./contexto
