En las últimas semanas, Tucumán se ha visto sacudida por una serie de escándalos que involucran la distribución de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En operativos realizados en distintas localidades, las autoridades han descubierto toneladas de alimentos destinados a programas de asistencia social, que, en lugar de llegar a los beneficiarios, eran desviados y presuntamente comercializados por intermediarios.
El caso más impactante tuvo lugar en Manantial Sur, donde allanamientos ordenados por la Justicia resultaron en la detención de dos personas y el decomiso de alimentos básicos como leche en polvo, fideos, harina, arroz y lentejas. Este hallazgo se suma al de semanas atrás, cuando una denuncia por violencia de género llevó a la Policía a descubrir cinco toneladas de mercadería almacenada en condiciones irregulares.
La controversia radica en la falta de un sistema transparente de distribución. Según se ha señalado, la provincia no cuenta con padrones actualizados ni mecanismos que aseguren que la mercadería llegue directamente a las familias necesitadas. La ausencia de un sistema de tarjetas personalizadas, que permitiría a los beneficiarios adquirir alimentos sin depender de intermediarios, deja abierta la puerta a irregularidades que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Compromiso oficial, pero con interrogantes
Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, ha entregado documentación a la Fiscalía de Estado para colaborar con la investigación. Masso aseguró que se reforzarán los controles y que se trabajará para eliminar la intermediación en la distribución de alimentos. Sin embargo, las explicaciones no han sido suficientes para apaciguar las críticas que apuntan a una gestión deficiente y a la falta de previsión para evitar estos desvíos.
La Legislatura provincial espera que el ministro brinde un informe detallado sobre el manejo de los recursos y explique cómo se supervisa la entrega de mercadería. Mientras tanto, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que se analizará la implementación de un sistema de tarjetas para garantizar que la asistencia social sea directa y efectiva.
Una oportunidad perdida para los más necesitados
Lo ocurrido pone en evidencia una falencia estructural en el sistema de asistencia social de la provincia. En lugar de beneficiar a quienes más lo necesitan, la mercadería termina en manos de intermediarios que, en muchos casos, la comercializan ilegalmente. Esto no solo representa un golpe a la transparencia gubernamental, sino también una traición a la confianza de los tucumanos que dependen de estos recursos para subsistir.
La falta de padrones actualizados y un sistema eficiente de control ha permitido que las irregularidades pasen desapercibidas durante años. Ahora, con los recientes allanamientos y detenciones, la provincia enfrenta un llamado urgente a la acción: reformar el sistema de distribución de asistencia social para que los recursos lleguen directamente a quienes realmente los necesitan.
El escándalo plantea preguntas incómodas para la administración provincial: ¿por qué no se implementó antes un sistema de tarjetas o padrones confiables? ¿Quiénes se benefician de esta intermediación? Y, sobre todo, ¿qué medidas concretas se tomarán para garantizar que este tipo de hechos no se repitan?
Mientras se esperan respuestas y avances en la investigación, el caso sigue generando un fuerte impacto político, exponiendo las debilidades de un sistema que, en teoría, debería ser un pilar de apoyo para los sectores más vulnerables de Tucumán.
