El Gobierno de Mendoza inicó una prueba piloto en el penal moderno Almafuerte, ubicado en Cacheuta, que permitirá a los reclusos realizar trabajos remunerados. Desde su primera gestión, el gobernador Alfredo Cornejo impulsó un proyecto que requería que los presos participaran en talleres y capacitaciones para acceder a varios beneficios. Ahora, este programa se complementa con la oportunidad de que los presos trabajen en el sector privado como empleados formales.
En conferencia de prensa, Cornejo dijo que quieren a los presos trabajando en oficios concretos que luego permitan la resocialización posterior, cuando salgan en libertad, una vez cumplida la condena.
El objetivo es que “puedan trabajar en cosas que realmente a la ciudadanía le hagan falta y le hagan falta al mercado”.
“Hay empresas que hacen construcciones livianas, que está ofreciendo poner un taller ahí y pagarles el sueldo a ellos. Hay pinturerías que han preguntado si pueden llevar sus equipamientos y trabajarían allí”, detalló.
El gobernador mendocino sostuvo que hay mucha gente trabajando en los talleres, pero no con el sector privado. La propuesta estará destinada a los presos con buena conducta.
Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario de Mendoza, reconoció que en la provincia ya hay “una prueba piloto”, donde empresarios del calzado se instalaron hace varios años en distintas cárceles de la provincia, que luego concentraron en el Complejo Penitenciario San Felipe, “y hoy se comercializa ese calzado en todo el país”.
Orellana señaló que la cárcel recientemente estrenada en la provincia -Almafuerte II- tiene capacidad de instalar maquinarias y tecnología, y sostuvo que “hay que cambiar la matriz de enseñanza dentro de las cárceles para que la reinserción sea más alta en posibilidades de aceptación de las empresas”.
Comentó que la idea es que las empresas se instalen en dichos espacios, lleven sus capacitadores, enseñen, “se genere otra sinergia con las personas que están dentro y una vez que estas empresas empiecen a producir, observen a estos operarios como posibles ingresantes a la firma cuando recuperen su libertad”.
A su vez, aclaró que el Estado paga un porcentaje del sueldo de los reclusos y el otro porcentaje lo paga la empresa, que además recibe otros beneficios, como la gratuidad del alquiler del lugar, la seguridad, entre otras. “Es una propuesta muy interesante para el empresario”, agregó.
