Por la venta ilegal de mercadería del ministerio de Desarrollo Social, destinada a los más vulnerables, fue detenido, entre otros, Marcos Soria, vinculado al concejal Emiliano Vargas Aignasse. Sin embargo, este miércoles la justicia determinó liberarlo tras una audiencia que apenas duró 15 minutos.
“Hemos solicitado esta audiencia para aclarar que no se solicitará la prórroga de la prisión preventiva en contra del imputado que se vence este miércoles”, aseguró la auxiliar Mónica Torchán, quien siguió las instrucciones de la fiscal Mariana Rivadeneira.
“Es importante aclarar que desde su detención hasta la fecha se realizaron varias diligencias y por ello no hay riesgos procesales”, explicó.
Liberaron a tres detenidos por la causa de venta de mercadería de comedores escolares
Torchán sí solicitó que el imputado cumpla con varias reglas de conducta. Entre otras, fijar residencia en un domicilio, no abandonar la provincia y presentarse periódicamente a la fiscalía y a una seccional policial para garantizar que seguirá vinculado al proceso.
También solicitó una caución de $2 millones para poder recuperar la libertad. Su defensor Víctor Padilla no se opuso a ninguna de las medidas y presentó una lista de seis fiadores con la que cubrió el monto de la fianza que se le estableció. La jueza Isolina Apás Pérez De Nucci aceptó todo lo pretendido por las partes.
Los detenidos
En enero, el ministro de Desarrollo Social Federico Masso denunció que desconocidos estaban vendiendo la mercadería destinada a particulares y organizaciones no gubernamentales y sociales para comedores y merenderos. Al confirmar la versión, el fiscal de feria Ignacio López Bustos logró que un juez ordenara una serie de allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán.
En las primeras medidas, no sólo se secuestraron víveres, sino que quedaron detenidos Hugo Adrián y Juan Ernesto Juárez e Ivana Vanesa Sánchez. Los tres fueron imputados por encubrimiento y un magistrado les dictó la prisión preventiva. La mujer cumplió la medida cautelar con la modalidad de arresto domiciliario.
Luego la auxiliar fiscal Mónica Torchán, siguiendo las instrucciones de sus superiores, solicitó el cese de prisión en su contra. Argumentó su pedido señalando que ya se habían agotado las tareas investigativas y que no había riesgos procesales para que continuaran detenidos. Requirió además que se fijara una caución de $1 millón para cada uno. El defensor Gustavo Morales aceptó el planteo y la jueza Elizabeth Raddi terminó ordenando la libertad de los acusados que seguirán ligados al proceso.
La suerte de los otros detenidos por este caso es diferente. Rosa Margarita Ibáñez fue acusada del mismo delito, pero su defensora Agustina Recalde lograron que no le dicten la prisión preventiva. En su vivienda de Villa 9 de Julio encontraron los víveres que le habría entregado Marcos Soria, quien fue cesanteado en la Legislatura por este caso.
El hombre, que es asistido por Víctor Padilla, era el único que seguía privado de su libertad, hasta hoy.
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