La gestión de Rossana Chahla enfrenta cuestionamientos por el acceso a información sobre salarios de funcionarios, contrataciones, gastos en residuos y operaciones con cooperativas. Desde el municipio sostienen que parte de la información solicitada está protegida por normas de privacidad.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán quedó nuevamente en el centro de cuestionamientos vinculados con la transparencia y el acceso a la información pública, a partir de distintos reclamos relacionados con los gastos del Ejecutivo municipal, los salarios de funcionarios y las contrataciones realizadas durante la gestión de Rossana Chahla.
Uno de los episodios más recientes se produjo luego de que tres jueces de Faltas solicitaran información sobre los haberes de los principales funcionarios municipales. El pedido incluía los últimos 24 recibos de sueldo del Secretario de Gobierno, el Secretario General, el Fiscal de Estado y otros titulares de área, además del detalle de los conceptos complementarios.
La Municipalidad respondió que podía informar la escala salarial correspondiente a cada cargo, pero no entregar los recibos individuales, al considerar que contienen información de carácter privado y patrimonial. Para fundamentar su posición, el Ejecutivo recurrió a un dictamen del fiscal municipal Conrado Mosqueira y de la Contaduría General, además de invocar la legislación sobre protección de datos personales.
El conflicto adquirió una dimensión institucional luego de que los jueces recordaran que un decreto municipal de marzo de 2024 había reconocido a los magistrados el mismo rango de Secretario de Estado Municipal con responsabilidad funcional.
Posteriormente, tras la derogación del decreto que establecía esa equiparación salarial, el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la administración municipal de haber incurrido en una “desviación de poder” y calificó la decisión como una posible “represalia”. El expediente quedó en manos de la Sala II del fuero Contencioso Administrativo.
El gasto en residuos, uno de los principales focos
Otro de los puntos cuestionados es el peso que tiene la gestión de residuos dentro del presupuesto municipal.
El Presupuesto 2026 contempla erogaciones por aproximadamente 349.783 millones de pesos, de los cuales unos 110.000 millones fueron destinados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Esto representa alrededor del 31,5% del presupuesto municipal.
La cifra adquiere relevancia al compararla con un estudio del Banco Mundial citado en el informe, según el cual los municipios argentinos destinan en promedio alrededor del 13% de sus presupuestos a residuos sólidos y limpieza urbana.
Uno de los principales componentes de ese gasto es el servicio de recolección domiciliaria prestado por Transportes 9 de Julio S.A., empresa que trabaja para la ciudad desde 1991.
En noviembre de 2024, el contador general Marcelo Albaca había estimado el costo de la recolección en aproximadamente 25.000 millones de pesos anuales. Ese mismo año, el Concejo Deliberante aprobó una prórroga del contrato por cinco años, con revisiones anuales.
El tratamiento y disposición final de los residuos se encuentra, por otra parte, bajo la órbita del Consorcio Metropolitano. Para 2026, el organismo anunció una reducción de costos cercana al 31%, con un presupuesto de aproximadamente 23.800 millones de pesos.
Sin embargo, los cuestionamientos persisten sobre el nivel de información disponible respecto del contrato de recolección, sus mecanismos de actualización, penalidades y auditorías técnicas.
Una denuncia por contrataciones directas
En mayo de 2026, la concejala Ana María González presentó una denuncia penal contra cinco funcionarios municipales por contrataciones directas que, según su presentación, alcanzarían aproximadamente 2.700 millones de pesos.
Las operaciones denunciadas involucrarían a cooperativas y particulares contratados para tareas como desmalezamiento, limpieza de espacios verdes, fabricación de refugios para colectivos y mantenimiento urbano.
Entre las contrataciones mencionadas aparecen:
- 398 millones de pesos para 40 refugios de colectivos.
- 252 millones para otros 20 refugios.
- 398 millones para 165 kits de “micro embarcado” destinados al transporte público.
- 394 millones para tareas de mantenimiento durante un trimestre.
- 165,3 millones para el mantenimiento de una superficie de 116.070 metros cuadrados.
- Cerca de 188 millones para cada una de dos cooperativas destinadas al mantenimiento de sectores determinados.
- 50 millones para actividades de eco-canjes, folletería y stands.
- 141 millones para 14 tótems interactivos destinados al Vía Crucis.
La concejala cuestionó particularmente el uso del mecanismo de “necesidad y urgencia” para tareas que, según su interpretación, podían ser previstas y programadas con anticipación.
Desde el oficialismo municipal, Luciano Chincarini calificó la denuncia como “claramente política” y sostuvo que González tenía antecedentes políticos vinculados con la gestión anterior. El gabinete municipal manifestó además su disposición a responder ante la Justicia.
Por tratarse de una denuncia en trámite, las irregularidades señaladas deberán ser determinadas por los organismos judiciales correspondientes.
El acceso a la información pública, otro punto de discusión
Los cuestionamientos también alcanzaron al sistema de información pública del municipio.
Un relevamiento presentado ante la Comisión de Gobierno Abierto e Innovación Tecnológica del Consejo Económico y Social municipal señaló dificultades para acceder a información relacionada con contrataciones y gastos.
El informe cuestionó particularmente el funcionamiento del Boletín Oficial digital. Según el relevamiento, el sistema requiere registrarse en la plataforma CiDiTuc y el buscador no permite realizar consultas temáticas, sino que obliga a conocer previamente el número del boletín o la fecha de publicación.
También se señaló que el portal de licitaciones permite consultar los pliegos y resoluciones, pero que no ofrece de manera accesible información sobre las adjudicaciones finales, como el proveedor seleccionado y el monto definitivo.
La situación genera un contraste con el Portal de Datos Abiertos presentado por la administración de Chahla, que cuenta con tableros e indicadores sobre diferentes aspectos de la ciudad.
La principal crítica no apunta entonces a la inexistencia de herramientas digitales, sino a la cantidad y calidad de información disponible sobre el destino concreto de los recursos municipales.
Las contradicciones con el discurso de transparencia
La discusión adquiere mayor relevancia debido a que la propia Rossana Chahla había cuestionado, durante la campaña electoral de 2023, la falta de información pública de la Municipalidad.
En aquella oportunidad, la actual intendente había reclamado conocer cuánto dinero ingresaba al municipio, cuál era el presupuesto real y cuánto cobraban los funcionarios.
Durante su gestión se implementaron nuevas herramientas de información y datos abiertos. Sin embargo, los cuestionamientos actuales sostienen que todavía existen dificultades para conocer determinados gastos y contrataciones.
Desde esta perspectiva, el principal desafío para la administración municipal consiste en transformar las herramientas de gobierno abierto en información concreta, accesible y verificable sobre el uso de los recursos públicos.
Una gestión que busca mostrar orden, pero enfrenta interrogantes
La administración de Chahla también destaca la reducción de la planta de empleados municipales respecto de los niveles registrados durante la gestión anterior y presenta esa reducción como parte de un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas.
Al mismo tiempo, la gestión enfrenta cuestionamientos relacionados con el gasto en residuos, las contrataciones directas, los salarios de los funcionarios y el acceso a información sobre adjudicaciones.
Esto coloca a la intendente ante una situación particular: mientras su administración busca mostrar una imagen de modernización, digitalización y ordenamiento municipal, distintos sectores reclaman mayor transparencia sobre los gastos de mayor magnitud.
Por ahora, varios de los cuestionamientos se encuentran en ámbitos administrativos o judiciales y no implican por sí mismos la existencia de irregularidades comprobadas.
La discusión, sin embargo, plantea una cuestión central para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán: cuánto y con qué nivel de detalle debe conocer el ciudadano sobre el destino de los fondos públicos que administra el Ejecutivo municipal.
En un contexto de fuertes restricciones presupuestarias y elevados costos de los servicios municipales, el acceso claro a esa información aparece como uno de los principales desafíos pendientes para la gestión de la intendente Rossana Chahla.
Fuente: El Federalista
