Marcos Soria, el empleado del Concejo Deliberante acusado por la venta ilegal de mercadería en Tucumán, se presentó este mediodía en la ex Brigada de Investigaciones luego de estar varios días prófugo de la Justicia, ya que tenía pedido de detención. Los primeros indicios dan cuenta que el hombre trabajaba para el edil Emiliano Vargas Aignasse.
El nombre de Soria surgió durante la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. En tanto que Rosa Margarita Ibáñez, la última detenida por esta causa, quedó en libertad hoy según el fallo de una jueza.
La mujer, de 61 años, había sido aprehendida el sábado en su domicilio de Villa 9 de Julio. En la vivienda secuestraron los víveres que el ministerio de Desarrollo Social entrega a personas carenciadas, organizaciones no gubernamentales y sociales, fundaciones, comunas rurales y municipios.
La auxiliar Julieta Mole, siguiendo las instrucciones del fiscal Ignacio López Bustos, la había acusado de encubrimiento, ya que a su entender, sabía cuál era el origen de la mercadería. También solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 30 días al considerar que podía entorpecer la investigación; finalmente quedó en libertad al aportar el nombre del empleado del Concejo capitalino.
Según la hipótesis del Ministerio Público, Ibáñez aprovechó la relación que tenía su yerno para conseguir la mercadería que era destinada a donaciones.
La defensora Agustina Recalde había solicitado que declare ilegítima la detención y el acta de allanamiento porque se habían violado las garantías constitucionales de la imputada. Rechazó además que se le dicte la prisión preventiva porque estaba acusada de un delito que es de cumplimiento condicional.
La jueza Isabel Méndez rechazó el planteo de la fiscalía y ordenó que sea puesta en libertad, aunque seguirá vinculada al proceso.
