La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró este miércoles el operativo que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del protocolo antipiquetes que anunció la semana pasada, durante la marcha que se realizó para conmemorar un nuevo aniversario del estallido social del 20 de diciembre de 2001, y advirtió que “los que quebraron la ley tendrán consecuencias” y “quienes cortaron la calle no cobrarán su plan”.
“Se acabaron los punteros dueños de los planes. Se terminó el vale todo. Hoy la mayoría de la gente decidió no concurrir a la marcha“, aseguró la funcionaria del gobierno de Javier Milei durante la conferencia de prensa que brindó en el Departamento Central de la Policía Federal, donde funcionó el comando unificado de las cinco fuerzas federales.
Con la pretensión de exhibir el operativo como el primer éxito de su gestión al frente de la cartera de Seguridad, Bullrich enumeró los supuestos puntos a favor conseguidos durante el despliegue de las fuerzas tanto en el distrito porteño como en otras ciudades de la Argentina.
“Hubo libre circulación en todo el país, algo que no veíamos hace muchos años. Hoy no se cortó la 9 de Julio, el Puente Pueyrredón, el Metrobus, accesos ni rutas. La gente pudo ir y volver a su trabajo”, afirmó la ministra.
“No transportaron palos ni piedras, ni estaban encapuchados. No vinieron en colectivos porque sabían que iban a ser interceptados. No hubo madres ni padres con niños. No se utilizaron niños como escudos humanos. Miles de argentinos dijeron hoy ’basta al apriete y la extorsión de los gerentes de la pobreza’. Han dejado sola a una militancia cerrada e ideológica, los que eran arrastrados no han venido”, agregó.
Bullrich destacó que el Gobierno respalda a las fuerzas de Seguridad y que por tal motivo “los policías se sienten cuidados”. Además, informó que “el único herido” tras el operativo desplegado en el centro porteño por las manifestaciones de protesta fue “un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”. Además, señaló que hubo dos detenidos.
Por último, la funcionaria señaló que se recibieron más de 10.000 denuncias en la línea 134, que se habilitó especialmente para que beneficiarios de planes sociales denuncien “amenazas de dirigentes, intermediarios o punteros políticos”, según lo anunciado el martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
