Funcionarios municipales, familiares, empleados legislativos y una sociedad vinculada con un medio de comunicación conformarían una red de relaciones que obliga a preguntar dónde termina el periodismo y dónde comienza la comunicación del poder.
La Municipalidad de Yerba Buena quizás haya encontrado una solución innovadora para modernizar su comunicación institucional: en lugar de publicar un boletín oficial, habría optado por algo más atractivo, dinámico y fácil de compartir en las redes sociales.
Se llamaría El Tucu.
Formalmente, El Tucu se presenta como un medio privado. Sin embargo, cuando se observa quiénes estarían detrás del proyecto, qué cargos públicos ocupan y qué relaciones políticas y familiares mantienen, la supuesta distancia con el poder municipal comenzaría a volverse bastante corta.
Casi una distancia de oficina a oficina.
FB Global SAS figura como titular del dominio eltucu.com.ar. Las socias de esa empresa serían María Belén Jaramillo y Erika Brandenburg. Hasta allí, nada impediría que dos personas constituyeran una sociedad para desarrollar un proyecto periodístico.
El interés público aparece cuando se analizan sus vinculaciones con el Estado.
Una funcionaria municipal detrás de la sociedad
Brandenburg es subsecretaria de Hacienda de la Municipalidad de Yerba Buena. Es decir, una funcionaria que participa de la administración municipal también integraría la sociedad titular del dominio de un medio que informa sobre la vida política de la ciudad.
Una eficiente integración de áreas: el municipio gestiona, la funcionaria administra y el medio comunica. Todo podría quedar dentro de la misma familia institucional.
La cuestión no radica en impedir que una funcionaria participe en una empresa privada, sino en determinar si esa relación es informada claramente a los lectores y si existen mecanismos que permitan evitar eventuales conflictos de intereses.
De la Municipalidad a la Legislatura
El entramado no se limitaría al Departamento Ejecutivo municipal.
María Belén Jaramillo figura designada en la Legislatura de Tucumán bajo el legajo N.º 42.206. De acuerdo con la información reunida, su nombramiento estaría vinculado al legislador Manuel Courel.
Soledad Nucci, identificada como responsable de contenidos de El Tucu, también figura designada en la Legislatura provincial, en su caso bajo el legajo N.º 43.682. Su designación también estaría relacionada con Courel.
De confirmarse la documentación, el esquema sería llamativamente completo: una socia del medio ocuparía un cargo jerárquico en la Municipalidad de Yerba Buena; otra socia estaría designada en la Legislatura; y la responsable de los contenidos también tendría un nombramiento dentro del Poder Legislativo.
Periodismo independiente, aunque con recibo estatal.
Los vínculos familiares con el poder municipal
Jaramillo, además, es esposa de Nicolás Fernández, actual subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Yerba Buena.
Fernández habría sido anteriormente secretario personal del exintendente Mariano Campero, hoy uno de los principales referentes políticos surgidos de la Ciudad Jardín.
La relación incorporaría así otro elemento al cuadro: no solo existirían vínculos societarios y laborales con organismos públicos, sino también relaciones familiares con funcionarios que ocuparon y todavía ocupan lugares relevantes dentro de la estructura municipal.
La pregunta no consiste en determinar si una funcionaria, una empleada legislativa o la esposa de un funcionario pueden participar de un medio. Naturalmente, pueden hacerlo.
La verdadera cuestión es si esos vínculos son informados con claridad a los lectores y qué medidas adopta el medio para garantizar su independencia editorial.
¿El Tucu recibe recursos públicos?
Otro punto que debería transparentarse es si El Tucu o FB Global SAS reciben publicidad oficial, contrataciones, convenios, auspicios o cualquier otra clase de recursos públicos provenientes de la Municipalidad de Yerba Buena, la Legislatura de Tucumán u otros organismos estatales.
La independencia periodística no se proclama solamente en una portada o en una descripción institucional. También debe demostrarse explicando quién financia el medio, quiénes son sus propietarios y qué relaciones mantienen con las personas e instituciones sobre las que informan.
La eventual existencia de publicidad oficial tampoco probaría por sí misma una subordinación editorial. Sin embargo, conocer esos datos resulta indispensable para que los lectores puedan evaluar el contenido con toda la información disponible.
¿Medio independiente o “house organ”?
Ninguno de estos vínculos permitiría afirmar, por sí solo, que la Municipalidad de Yerba Buena controle directamente la línea editorial de El Tucu. Tampoco probaría la existencia de órdenes políticas, pagos irregulares o una estructura de comunicación encubierta.
Pero sí habilita una pregunta legítima:
¿El Tucu funciona como un medio periodístico independiente o podría estar operando, en los hechos, como una suerte de “house organ” del poder de Yerba Buena?
La expresión inglesa house organ se utiliza para describir una publicación orientada a comunicar los intereses, las actividades o los puntos de vista de una institución.
En este caso, la particularidad sería que el eventual boletín no llevaría el escudo municipal ni se presentaría oficialmente como tal. Tendría apariencia de medio privado, aunque algunas de las personas vinculadas con su propiedad y sus contenidos mantendrían relaciones directas con el Estado y la política.
Tal vez se trate de una extraordinaria acumulación de coincidencias. Tal vez las relaciones personales, familiares, societarias y laborales no tengan ninguna influencia sobre los contenidos.
También podría suceder que Yerba Buena haya inventado un modelo de comunicación pública tan avanzado que ya resulte imposible distinguir a los funcionarios de los periodistas.
Las explicaciones que faltan
Precisamente por eso se necesitan respuestas.
FB Global SAS y las personas mencionadas deberían explicar públicamente la composición de la empresa, sus funciones dentro del medio, los cargos estatales que ocupan y la eventual existencia de ingresos provenientes de organismos públicos.
La Municipalidad de Yerba Buena y la Legislatura de Tucumán, por su parte, deberían informar las condiciones de las designaciones señaladas y si mantienen relaciones económicas con la empresa o con El Tucu.
Las personas e instituciones mencionadas tienen derecho a responder, presentar documentación, brindar su versión o solicitar la rectificación de cualquier dato que consideren incorrecto.
Hasta que esas explicaciones aparezcan, permanecerá abierta una pregunta incómoda para la Ciudad Jardín:
¿El Tucu cuenta lo que sucede en la Municipalidad de Yerba Buena o la Municipalidad habría encontrado la manera de contar su propia versión a través de El Tucu?
