El Gobierno británico publicó una guía dirigida a las compañías que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas y ofreció asistencia ante eventuales medidas legales o sanciones impulsadas por la Argentina. La decisión se conoce luego de que la administración de Javier Milei endureciera su estrategia contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
El documento, denominado “Doing business with the Falkland Islands”, está destinado a compañías que operan en las islas, les suministran bienes o servicios o participan de alguna manera de su actividad económica, incluida la explotación de hidrocarburos.
Londres ratificó además su respaldo al desarrollo de los recursos naturales del archipiélago. En la guía sostiene que apoya el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y a desarrollar esos recursos en beneficio propio, una postura que el Reino Unido vincula con el principio de autodeterminación.
Qué hará Londres ante las sanciones
Uno de los puntos centrales del documento es la respuesta ante posibles acciones judiciales de la Argentina. El Gobierno británico sostiene que las autoridades argentinas no tienen jurisdicción sobre las islas ni pueden aplicar allí su legislación interna.
En ese sentido, advierte a las empresas que podrían recibir notificaciones o enfrentar acciones legales en territorio argentino, pero reafirma que su posición es que la legislación nacional no tiene aplicación dentro del archipiélago.
El Reino Unido también puso a disposición de las compañías a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO). El organismo podrá brindar orientación y asistencia, aunque la propia guía aclara que no se trata de asesoramiento jurídico formal.
La dependencia británica también podría intervenir ante terceros países si una empresa vinculada con las Malvinas enfrentara presiones por sus actividades comerciales en las islas.
La respuesta del Gobierno argentino
La publicación de Londres se produjo después de las medidas anunciadas por el Gobierno de Milei para aumentar las consecuencias económicas para las compañías que participen de actividades en las islas.
Entre las iniciativas se encuentra la posibilidad de impedir futuros contratos en Vaca Muerta a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas. Además, el Ejecutivo anunció que buscará avanzar en el Congreso con proyectos destinados a reforzar las sanciones.
La disputa también llegó a la Justicia. El fiscal Carlos Stornelli imputó a directivos de empresas alcanzadas por las medidas dispuestas por el Gobierno argentino.
De esta manera, mientras la Argentina busca ampliar las herramientas económicas y judiciales contra las compañías que operan en el archipiélago, Londres intenta brindar respaldo a ese sector privado y sostiene que las actividades desarrolladas en las islas se encuentran fuera de la jurisdicción argentina.
La cuestión de la soberanía
La guía británica también reafirma la posición de Londres sobre la soberanía. El documento sostiene que las Malvinas son un Territorio Británico de Ultramar y que el Reino Unido considera que ejerce soberanía sobre las islas y las áreas marítimas circundantes.
Según esa postura, Londres no contempla discutir la soberanía salvo que los propios habitantes de las islas así lo decidan. También afirma que la Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago.
El nuevo cruce se suma a una serie de señales que elevaron la tensión bilateral en las últimas semanas. Entre ellas aparecen las declaraciones de Donald Trump, quien calificó como un “desastre potencial” un eventual conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las islas y planteó que podría intervenir si ambos países se lo solicitaran.
