Un informe jurídico reservado sostiene que una eventual reelección del gobernador tucumano enfrentaría un “riesgo probable” de impugnación por la acumulación de mandatos en el binomio Ejecutivo.
Un dictamen jurídico de 26 páginas encendió una luz amarilla sobre el futuro electoral de Osvaldo Jaldo. El documento analiza si el gobernador de Tucumán podría presentarse nuevamente en 2027 sin violar el principio republicano de alternancia en el poder.
El eje de la discusión no está puesto en los días en que Jaldo reemplazó al gobernador durante su etapa como vicegobernador, sino en un dato político mucho más sensible: la posible acumulación de cuatro períodos consecutivos dentro del binomio Ejecutivo provincial.
El problema de los 16 años
Según el informe, Jaldo fue vicegobernador entre 2015 y 2019, volvió a ocupar ese cargo entre 2019 y 2023, fue elegido gobernador para el período 2023-2027 y, si compitiera y ganara nuevamente, completaría una continuidad de poder entre 2015 y 2031.
Ese escenario equivaldría a 16 años consecutivos en la cúspide del Poder Ejecutivo tucumano, alternando entre la vicegobernación y la gobernación. Para los autores del dictamen, allí aparece el punto constitucional más delicado.
El antecedente Weretilneck
El informe compara el caso tucumano con el antecedente de Alberto Weretilneck, en Río Negro, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación impidió una nueva candidatura al considerar que la sucesión entre vicegobernador y gobernador debía computarse dentro de los límites a la reelección.
La diferencia clave es que la Constitución de Tucumán contiene una excepción expresa en su artículo 90: permite que un vicegobernador que cumplió dos mandatos pueda ser candidato a gobernador y luego reelegido una vez. Esa cláusula sería el principal argumento del oficialismo.
La tensión con la alternancia
Sin embargo, el dictamen advierte que esa excepción no necesariamente habilita una permanencia indefinida o prolongada en el poder. Bajo esa mirada, la Corte podría interpretar que el principio republicano de alternancia, previsto en la Constitución Nacional, funciona como límite frente a diseños provinciales que permitan una concentración excesiva del mando político.
El documento también menciona los antecedentes Zamora, Uñac, Manzur e Insfrán, todos vinculados a discusiones sobre reelección, periodicidad de los mandatos y permanencia en el poder.
Riesgo político y judicial
La conclusión del informe no afirma que la candidatura de Jaldo sea automáticamente inconstitucional. Pero sí estima que una impugnación tendría una probabilidad real de prosperar, ubicada entre el 45% y el 60%.
En términos políticos, el dato es explosivo: una judicialización de la candidatura podría impactar no solo sobre la fórmula a gobernador, sino también sobre todo el armado electoral del oficialismo tucumano, especialmente por el sistema de acoples.
El dictamen deja planteada una pregunta de fondo: ¿puede una cláusula provincial habilitar 16 años consecutivos de control del Ejecutivo sin afectar la alternancia republicana? Esa discusión, si Jaldo decide avanzar, podría terminar nuevamente en manos de la Corte Suprema.
Fuente: Quédiario
