El influencer político tucumano Álvaro Benjamín Gosen presentó ante la Justicia una solicitud de medida cautelar urgente luego de recibir múltiples amenazas e intimidaciones a través de redes sociales. La presentación judicial se produjo tras la difusión de un video en el que el joven se refirió a la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli.
Según consta en el escrito presentado ante el Colegio de Jueces y Juezas Penales de la capital tucumana, Gosen manifestó que en las últimas horas comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes intimidatorios en plataformas como Instagram, Facebook y otras redes sociales. En muchos de esos comentarios, distintos usuarios hacen referencia directa al episodio violento ocurrido días atrás contra Pelli, insinuando que situaciones similares podrían repetirse contra el influencer.
En su presentación, el joven señaló que desarrolla actividad política principalmente a través de redes sociales, donde difunde contenidos vinculados a las ideas del espacio La Libertad Avanza. De acuerdo con su relato, esa actividad le permitió alcanzar una amplia audiencia entre jóvenes, pero también lo expuso a situaciones de hostigamiento y agresiones verbales tanto en internet como en la vía pública.
El documento judicial menciona una serie de comentarios y mensajes privados que, según el denunciante, contienen amenazas de agresión física, insultos y expresiones intimidatorias. Entre las frases citadas aparecen referencias a “cabezazos”, a “romper la nariz” o a posibles ataques cuando el influencer sea visto en la calle.
Ante esta situación, Gosen solicitó a la Justicia que se dicte una medida cautelar de “bozal legal”, mediante la cual se ordene a los usuarios identificados abstenerse de realizar publicaciones o mensajes que impliquen amenazas, intimidaciones o incitación a la violencia contra su persona. También pidió que se disponga la eliminación inmediata de los contenidos denunciados.
Además, requirió que se libren oficios a las plataformas digitales correspondientes —como Instagram, TikTok y Facebook— para que informen los datos de registro de las cuentas involucradas, incluidas direcciones IP y otra información que permita identificar a los responsables de los mensajes.
En la presentación judicial, el influencer sostuvo que las expresiones recibidas podrían encuadrarse, de manera preliminar, en el delito de amenazas, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, al anunciarse en ellas posibles daños físicos que generan temor en su persona.
La solicitud también plantea que la intervención judicial resulta necesaria para evitar que el clima de hostilidad generado en redes sociales pueda derivar en agresiones físicas, especialmente en un contexto de tensión política tras el episodio de violencia sufrido por el diputado Pelli.
El caso quedó ahora a consideración del tribunal interviniente, que deberá analizar la documentación aportada —entre ellas capturas de pantalla de comentarios y mensajes— y resolver si corresponde dictar la medida cautelar solicitada.
