La Justicia y el Gobierno confirmaron que Rodrigo Gómez fue víctima de un esquema de extorsión que operaba desde cárceles bonaerenses y que lo sometió a una presión psicológica y económica extrema.
El Gobierno de Javier Milei confirmó este mediodía que el soldado Rodrigo Andrés Gómez, el granadero de 21 años que se suicidó mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, fue víctima de una red de extorsión y estafas digitales que operaba desde cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Gómez murió el 16 de diciembre durante la madrugada, mientras realizaba una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio presidencial. En aquel momento, la información oficial indicó que se trató de un suicidio, hipótesis que fue confirmada por la investigación judicial. Sin embargo, con el avance de la causa, se incorporó un elemento central: el joven soldado atravesaba una situación de fuerte presión psicológica y económica producto de una maniobra de extorsión organizada.
Según detallaron las autoridades, la banda funcionaba como una estructura criminal estable, con roles definidos y continuidad operativa. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, explicó que Gómez fue una de las víctimas de este entramado delictivo, que afectó a un número indeterminado de ciudadanos.
Desde el Ejecutivo describieron la organización como una verdadera “pyme del delito”, que operaba mediante teléfonos celulares desde al menos dos unidades penitenciarias bonaerenses. En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue categórico: “Un celular en una cárcel es un arma”.
La extorsión que llevó al desenlace
La maniobra comenzó a través de una aplicación de citas. Los investigadores reconstruyeron que el primer contacto se dio mediante un perfil falso en la app “Evermatch”, bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo. Luego aparecía una supuesta madre alterada y el denominado “audio del terror”, en el que se acusaba a la víctima de ser un “degenerado” por haber mantenido una relación virtual con una menor de 17 años.
A partir de allí, se activaba el siguiente paso del esquema de extorsión: un llamado telefónico de un falso policía de la Ciudad de Buenos Aires que advertía sobre una denuncia penal y una causa judicial en curso. Para evitar consecuencias legales, exigía transferencias de dinero inmediatas.
En varios casos, según explicó la jueza Sandra Arroyo Salgado, se utilizó la identidad real de un efectivo de la Policía de la Ciudad, Matías Nahuel Conti, cuya documentación había sido usurpada. El agente no tuvo vínculo alguno con los hechos.
Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era luego fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo, mientras las exigencias se renovaban bajo amenazas constantes.
La carta
El impacto de la maniobra quedó reflejado en una carta que Rodrigo Gómez dejó antes de quitarse la vida. En ella relató las deudas acumuladas, la desesperación ante las presiones recibidas y la sensación de no encontrar salida. Para los investigadores, el documento fue clave para dimensionar el nivel de hostigamiento psicológico al que fue sometido.
La carta también contenía anotaciones con cálculos de pagos realizados, lo que permitió reconstruir el circuito de la extorsión y el daño económico causado.
Los responsables
La investigación identificó como líderes de la banda a tres detenidos que operaban desde prisión: un hombre de apellido Francavilla, conocido como “Nahuel Contti”, alojado en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, detenido en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también en Magdalena.
Además, se realizaron allanamientos que derivaron en un total de siete detenciones, incluyendo personas externas encargadas de recibir y mover el dinero.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Justicia fue el uso sistemático de teléfonos celulares dentro de los penales. Arroyo Salgado explicó que, si bien durante la pandemia se habilitó su uso mediante un habeas corpus colectivo, la práctica se mantuvo luego sin controles efectivos, facilitando el funcionamiento de redes criminales como esta.
