En menos de 48 horas, Tucumán volvió a mostrar su peor cara frente a un fenómeno que no es nuevo, ni extraordinario, ni imprevisible. Crecidas de ríos, rescates dramáticos, muertes evitables, rutas intransitables y un Estado que llega tarde o directamente no llega. Mientras tanto, el ministro del Interior, Darío Monteros, atribuyó la situación a “inclemencias climáticas inevitables”, desligando al Gobierno provincial de toda responsabilidad.
Los hechos, sin embargo, desmienten el relato oficial.
El lunes por la mañana, una repentina crecida del río Salí dejó a dos adolescentes atrapados en un islote a la altura de la ruta provincial 321, en jurisdicción de García Fernández. Ambos fueron rescatados con vida tras un complejo operativo de la Policía Lacustre y Bomberos, pero su padre fue arrastrado por la corriente y continúa desaparecido. La escena, marcada por la desesperación y la improvisación, volvió a evidenciar la ausencia de controles, señalización y planificación en zonas ribereñas históricamente vulnerables.
Horas más tarde, otra tragedia golpeó al este tucumano. Un automóvil cayó a un canal en cercanías de San Luis, sobre la ruta provincial 303. El saldo fue devastador: tres personas fallecidas, dos de ellas menores de edad, y otras dos heridas. Las lluvias recientes habían deteriorado aún más un sistema vial ya colapsado, sin mantenimiento adecuado ni infraestructura segura. A la tragedia se sumó un hecho grave desde el punto de vista institucional: la detención del fotoperiodista Matías Vieito mientras cubría el accidente, reavivando cuestionamientos sobre el accionar policial y la libertad de prensa en la provincia.
Estos episodios no son hechos aislados. Tucumán se encuentra formalmente en estado de emergencia hídrica y social desde 2007, bajo la Ley N° 7875, prorrogada de manera casi permanente durante casi dos décadas. Emergencia que, en teoría, otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para actuar con rapidez, contratar obras, movilizar recursos y prevenir desastres. En la práctica, los resultados brillan por su ausencia.
Inundaciones reiteradas, barrios sin drenajes, ríos sin obras estructurales, rutas provinciales que no soportan una lluvia intensa y familias que lo pierden todo mientras la asistencia llega tarde o no llega. El llamado “Plan Pre-Lluvia”, presentado durante años como una solución estructural, vuelve a quedar bajo sospecha frente a una realidad que se repite cada verano.
Pese a este escenario, Darío Monteros optó por el camino conocido: culpar a la naturaleza. En un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que los desbordes no fueron por falta de obras sino por las “inclemencias del clima”, destacando supuestos trabajos preventivos que habrían evitado “un daño mayor”. Sin embargo, los datos históricos, las muertes, los rescates y la destrucción muestran que Tucumán no tiene la infraestructura mínima para enfrentar lluvias que son recurrentes desde hace décadas.
El argumento del clima inevitable se vuelve aún más débil cuando se lo contrasta con los 36 años ininterrumpidos de gobiernos peronistas en la provincia, siempre bajo el discurso del “Estado presente”. Un Estado que hoy no planifica, no previene y no protege. Un Estado atravesado por denuncias de desfalcos municipales, cheques irregulares, carnets truchos y un manejo opaco de los fondos públicos, amparado en la emergencia permanente.
La situación expone una verdad incómoda: Tucumán no está colapsada por la lluvia, sino por años de desidia, corrupción y falta de planificación. Las inclemencias climáticas existen, pero lo que convierte una tormenta en tragedia es un Estado ineficiente.
En ese contexto, la gestión de Darío Monteros queda en el centro de las críticas. No solo por minimizar los hechos, sino por representar una política que naturaliza el desastre y evade responsabilidades. Para amplios sectores de la sociedad tucumana, el balance es claro: inundaciones por doquier, infraestructura destruida, familias abandonadas y un ministro que sigue culpando al clima.
Para muchos, no se trata solo de una mala gestión. Se trata, directamente, del peor ministro del Interior de la historia reciente de Tucumán.
