El lavado de activos es el eje de la causa que impulsa la Justicia Federal contra Walter “Petiso David” Lobo y su entorno familiar, acusados de blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
La Justicia Federal avanza sobre una de las estructuras criminales más complejas de los últimos años en la provincia. Walter “Petiso David” Lobo, señalado como líder del clan conocido como “Los Gardelitos”, quedó en el centro de una investigación por lavado de activos que habría permitido introducir en el circuito legal cerca de $500 millones obtenidos del narcotráfico y la usura.
La pesquisa, encabezada por el fiscal federal Agustín Chit y coordinada por la auxiliar fiscal Julia Vitar, demandó más de dos años de trabajo silencioso. Según la acusación, el entramado financiero operó entre 2012 y 2025 y utilizó de manera sistemática a familiares directos para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Entre los imputados figuran la madre de Lobo, Mercedes Zulema Galván —considerada la matriarca del clan—, su exesposa María Valeria Linch, su actual pareja Ana Pompone Miguez y sus hijos Giselle, Abel, Román y Katya. Para la fiscalía, se trató de un “negocio familiar” diseñado para simular ingresos lícitos y dispersar el dinero sin levantar alertas inmediatas.
Uno de los puntos centrales del expediente es la marcada incongruencia entre los ingresos declarados y el nivel de vida de los investigados. Varios figuran como empleados de la administración pública, pero registran movimientos financieros millonarios. En uno de los casos más llamativos, la pareja actual de Lobo habría movilizado cerca de $300 millones en apenas tres años.
La investigación también detectó un estilo de vida de alto costo, con la adquisición de vehículos de alta gama y viajes frecuentes a destinos internacionales como Qatar, Italia, Estados Unidos, México, Brasil y Colombia. Para sostener ese flujo de dinero, la organización habría utilizado billeteras virtuales sin respaldo documental, transferencias cruzadas entre familiares y la contratación masiva de pólizas de seguro como mecanismo de legitimación.
El derrumbe público de Lobo comenzó en diciembre pasado, cuando durante un partido en el estadio de San Martín se desplegó una bandera que lo señalaba como narcotraficante. Meses después, un allanamiento vinculado a una causa por tiroteos terminó con el secuestro de cinco kilos de marihuana en su domicilio.
Finalmente, Lobo se entregó tras el ofrecimiento de una recompensa provincial de $30 millones por datos sobre su paradero y actualmente permanece detenido en el penal de Benjamín Paz.
En las últimas horas, el Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos de la Policía Federal realizó nuevos allanamientos por orden del juez José Manuel Díaz Vélez. Se incautaron vehículos, dinero en efectivo, pasaportes y dispositivos electrónicos, elementos clave para determinar si la organización tenía ramificaciones en otras provincias y para profundizar una causa que sigue sumando capítulos.
