El fallo judicial señala que el matrimonio habría sido el “sostén estructural” de una presunta red dedicada al lavado de activos y asociación ilícita con vínculos narcos.
El ex intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, fueron señalados por la Justicia Federal como el “sostén estructural del grupo” procesado por supuesto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. Así lo determinó el juez José Manuel Díaz Vélez, en una resolución que también alcanza a José Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo Barrionuevo (ex secretario de Acción y Desarrollo Social), José Albano Loru (ex concejal) y Roque “Chipi” Giménez (empresario).
La resolución, de más de 150 páginas, genera un fuerte impacto político e institucional, tanto por el peso de los acusados como por el momento en que se dictó: a solo dos semanas de las elecciones legislativas y municipales en Alberdi, donde los vecinos volverán a las urnas tras la intervención dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo.
En el fallo, Díaz Vélez describe que Campos y Figueroa “conforman el sostén estructural del grupo”, junto a otros funcionarios y empresarios locales. Según el juez, existía un “circuito de legitimación y reciclado de recursos” que beneficiaba a los integrantes de la asociación a través de contrataciones y decretos emitidos desde el municipio, con la participación de la firma Giménez Consulting Group.
El magistrado aclaró, sin embargo, que no habría un único cabecilla, sino una “empresa criminal colectiva” con roles diferenciados. En ese marco, el matrimonio habría tenido una función más política e institucional, relacionada al lavado de activos y la cobertura del grupo, y no al manejo directo del narcotráfico ni a amenazas a testigos.
Aunque Campos y Figueroa no fueron detenidos, el juez les prohibió salir del país sin autorización judicial y les impuso, junto a los otros cuatro procesados, un embargo total de $1.400 millones.
El caso pone en jaque al oficialismo tucumano, especialmente por la situación de Figueroa en la Legislatura. La Justicia Federal ya notificó formalmente al cuerpo, y desde la oposición impulsan que la legisladora sea suspendida de sus funciones, aunque por ahora solo se le habría sugerido que pida licencia.
