La Justicia Federal citó a declarar como imputados al exintendente de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, y a su esposa, la legisladora peronista Sandra Figueroa, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y administración irregular de fondos públicos.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez, a pedido del fiscal Rafael Vehils Ruiz, dispuso una serie de audiencias que comenzarán este miércoles y se extenderán hasta el viernes.
Miércoles 27 de agosto: deberán presentarse el exsecretario de Hacienda José Roldán, el exconcejal Albano Loru y el exfuncionario de Desarrollo Social Pablo “Maceta” Barrionuevo.
Jueves 28 de agosto: está citado el empresario Roque “Chipi” Giménez, señalado como una figura clave en la causa.
Viernes 29 de agosto: se prevé la comparecencia del exintendente Campos y de la legisladora Figueroa, en el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ubicado en Congreso y Las Piedras.
En paralelo, el gremialista José “Cucha Mota” Funez, denunciante de las presuntas irregularidades, fue convocado como testigo.
La causa se inició en junio de este año, tras la difusión de un audio entre Campos y Giménez, en el que se mencionaban posibles vínculos con redes de narcotráfico y desvío de fondos. A partir de ese episodio, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la intervención del municipio y del Concejo Deliberante de Alberdi, y convocó a elecciones extraordinarias para el 26 de octubre.
De acuerdo con la investigación, se analiza un posible esquema de blanqueo de dinero a través de contratos de obras públicas, alquileres y emprendimientos comerciales. Entre los casos bajo la lupa figuran una imprenta vinculada al exsecretario de Hacienda y la firma Giménez Consulting Group, que habría recibido más de $500 millones por proyectos inconclusos o inexistentes.
Si bien Figueroa cuenta con inmunidad parlamentaria, está obligada a comparecer. En caso de que el juez la procese, será necesaria la intervención de la Legislatura para evaluar el retiro de sus fueros.
En el fuero provincial ya se dictó prisión preventiva para Giménez, Roldán, Barrionuevo y Loru, acusados de asociación ilícita. Posteriormente, por la gravedad de las sospechas y la posible conexión con el narcotráfico, el expediente pasó al ámbito federal.
La indagatoria del próximo viernes marcará una nueva etapa en el proceso judicial, en la que se buscará establecer responsabilidades dentro de una trama que combina política, corrupción y narcotráfico.
