Exintendentes y actuales como: Darío Monteros, Carlos Gallia, José Orellana y Francisco Serra, aseguran que extraer cheques sin justificación es una “operación habitual”.
A pesar de la denuncia elevada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en la cual se le atribuye infracción a la ley de financiamiento de partidos políticos, lavado de activos y asociación ilícitos, los exintendentes sostienen que cuentan con la documentación respaldatoria de los casi $37.000 millones que se retiraron con cheques por las ventanillas del Banco Macro entre enero de 2023 y junio de 2024.
La falta de documentación respaldatoria es innegable, es por ello por lo que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se puso en alerta. Sin embargo, los exejecutivos municipales, y también los actuales, conspiran con que esto se trata de una maniobra netamente política para dañar al entorno del gobernador Osvaldo Jaldo, y hay quienes apuntan contra la Nación.
Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules figuran en el informe de la Procelac, junto con los municipios catamarqueños Belén, Icaño y Corral Quemado, además de la jurisdicción salteña de San Carlos. El organismo que conduce Diego Velasco sostiene que en esos 18 meses estos distritos extrajeron $39.485 millones a través de cheques y sin justificación, podrían haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones provinciales y nacionales.
Velasco menciona en el informe al actual legislador José Orellana, ya que puso bajo la lupa extracciones por $11.449,6 millones que se hicieron administraba la Municipalidad de Famaillá. El exintendente sostiene que es una operación para desprestigiar la política y embarrar la cancha, y sospechan que operadores del oficialismo nacional pueden estar detrás. “Generar un estado de sospecha es un ardid político, una mala intención. Algunos de los nuestros creen que es fuego amigo; pero no, viene de la Nación”, declaró en contacto con diario La Gaceta.
El ministro del Interior y ex jefe municipal de Banda del Río Salí, Darío Monteros, es otro de los mencionados en el informe. Estuvo a cargo de la Intendencia en el periodo en el que se retiraron por ventanilla los $17.256 millones que llamó la atención de la UIF y cuyo destino investiga la Procelac. El bandeño afirma que está tranquilo y que hasta ahora no hubo ningún tipo de pedido de informes o de notificaciones solicitando información. “Creo que se ha mediatizado desde la política, no desde los hechos concretos”, afirmó.
“Eso es normal (extracciones sin justificar). Los vecinos saben que se hace un operativo para retirar los recursos con la Policía. Hay diversos gastos que una administración afronta que no están bancarizados, como el pago del sonido o de los artistas durante algún evento, entre otros”, se cubrió Monteros.
En el informe también están mencionados los legisladores y ex intendentes de Lules, Carlos Gallia y de Monteros, Francisco Serra, por extracciones sospechosas realizadas por los municipios por $4.217,7 millones y $3.923 millones, respectivamente. Este diario intentó comunicarse con ellos, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo éxito.
Gallia resaltó también que en Lules se hicieron muchas obras, la mayoría con personal local y recursos propios, a los que se les pagaba todos los viernes. Desarrolló que también es habitual entregar ayudas a la gente con necesidades para que compre medicamentos o realice tratamientos “Pueden decir que es desprolijo, pero la realidad es esa. No hay otra. Vayan a ver lo que es Lules hoy con la cantidad de obras que hicimos”, argumentó.
Por su parte, Serra remarcó: “Vamos a dar las respuestas. Somos hombres de la política y estamos absolutamente convencidos de que la respuesta tiene que ser como corresponde. Estamos a absoluta disposición de la Justicia. Tenemos todo en orden el Municipio. Estamos a
