El Gobierno Nacional ha comenzado una serie de auditorías a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) para detectar irregularidades. Las citaciones se enviaron a varios beneficiarios, principalmente de Tucumán, para que se presenten a una evaluación médica obligatoria.
Esta acción forma parte de un proceso más amplio de reordenamiento del sistema de pensiones que busca asegurar que este beneficio llegue solo a quienes realmente lo necesitan. La medida podría generar un ahorro estimado de $900 mil millones al año.
Esta primera fase de la auditoría abarca a beneficiarios de provincias como Tucumán, Chaco, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe. A lo largo de todo el proceso, que involucra más de un millón de casos, se verificará que las pensiones cumplan con los requisitos legales establecidos en el Decreto 842/2024.
El proceso consiste en el envío de cartas documento, en las cuales se cita a los beneficiarios a un turno médico con PAMI. Durante esta evaluación, se presentará la documentación necesaria y se realizará un control médico para determinar si el beneficiario sigue cumpliendo con los criterios para recibir el beneficio. Luego, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revisará la documentación y emitirá dictámenes definitivos sobre la elegibilidad.
Diego Spagnuolo, titular de ANDIS, destacó que algunas ciudades, como Tucumán, han sido testigos de un otorgamiento masivo de pensiones sin los controles médicos correspondientes. En este sentido, mencionó que en la provincia se entregaban miles de pensiones sin que los beneficiarios pasaran por una revisión adecuada o presentaran pruebas de su discapacidad.
Como parte del plan, las auditorías se realizarán caso por caso, comenzando con las pensiones otorgadas en los últimos cuatro años. Posteriormente, se avanzará con la revisión de todas las pensiones registradas. Es importante señalar que es obligatorio presentarse a la citación; de no hacerlo, se podría suspender la pensión. En caso de no poder asistir, se podrá justificar la ausencia hasta 24 horas antes del turno, enviando la documentación correspondiente.
El Ministerio de Salud, en colaboración con PAMI y ANDIS, ha firmado convenios para llevar a cabo este proceso, que incluye la contratación del servicio postal, la evaluación clínica y la implementación de los procedimientos administrativos necesarios para dar de baja aquellas pensiones que no cumplan con los requisitos. Esta iniciativa, que comenzó en 2024, surgió a raíz de las irregularidades detectadas en la gestión de pensiones. En 2024, de las 22.417 pensiones auditadas, solo el 20% cumplió con los requisitos, y se descubrió que personas fallecidas y presos seguían cobrando estas pensiones. Se espera que, para mediados de 2025, se complete la evaluación de todas las pensiones activas
