El Juzgado Civil y Comercial Común puso alto a la medida de expropiación de la escuela Gabriela Mistral iniciada por Rossana Chahla. El Municipio objetará con un recurso de revocatoria, pero el inicio de clases no será afectado.
La causa por la expropiación del inmueble de la escuela Gabriela Mistral tuvo un nuevo revés para el municipio capitalino. El Juzgado Civil y Comercial Común dio lugar a la medida cautelar presentada por la Cooperativa, y suspendió el proceso expropiatorio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La Fiscalía Municipal, por su parte, sostiene que se objetará con un recurso de revocatoria y que la decisión del juez no afecta al inicio del ciclo lectivo 2025. Las clases están garantizadas según dijeron las autoridades de dicha institución.
La Cooperativa de Servicios Educativos y Servicios Sociales, por medio de su presidenta, Claudia Elizabeth Lobos, presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo una acción de amparo en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por la ordenanza N° 5.390, escrito flamantemente aprobado en el Concejo Deliberante.
La norma dispuso la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble de la escuela Mistral, a nombre de la asociación”. Desde sus inicios, el establecimiento educativo cuenta con un modelo mixto de administración entre el sector privado y el público, aunque acorde a lo escrito por esta medida la institución pasaría a ser completamente de gestión municipal.
Es así que la objeción de la Cooperativa se dirige a cuestionar la constitucionalidad de la Ordenanza, a la cual considera “inválida para declarar la utilidad pública, valorando que contiene fundamentos falaces vertidos por el Ejecutivo Municipal”, además de rebatir la potestad expropiatoria del Concejo Deliberante. Sumado a ello, la Cooperativa -cuyo representante es Alfredo Grassia- solicitó una medida cautelar para que se ordene la suspensión del procedimiento administrativo expropiatorio, hasta tanto se resuelva el entramado legal de la demanda.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente para entender la causa y los autos fueron remitidos al Juzgado Civil y Comercial Común, de Feria, que a su vez giró el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, aunque no sin antes dar lugar a la cautelar con el fin de otorgar tutela judicial efectiva y teniendo en cuenta que el dictado de una sentencia definitiva insumiría un plazo considerable, lo que eventualmente tornaría ilusorio su cumplimiento.
Así, la disposición emitida por el juez Pedro Esteban Yane Mana resuelve ordenar a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán la suspensión del proceso de expropiación iniciado mediante el decreto N° 1054, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa principal.
La contraparte asegura que actuará frente a la medida cautelar concedida. “Vamos a presentar un recurso de revocatoria porque no nos dieron intervención previa para dictar la cautelar. Mínimamente nos deberían haber pedido un informe -según el artículo 21 del Código Procesal Constitucional- donde uno elabora un detalle de las circunstancias del hecho y de derecho que han precedido a la ordenanza, para tener las dos versiones antes de que la Justicia decida una cautelar de estas características”, explicó Conrado Mosqueira, fiscal Municipal de la Capital gobernada y orquestada por Chahla.
Además, al tratarse de una orden que no tiene carácter de sentencia, el doctor analiza que “la cautelar no implica en sí la suspensión del ciclo lectivo 2025, ni tampoco significa la devolución del inmueble a la Cooperativa”. Y fundamenta: “la suspensión del proceso expropiatorio es solamente eso, no tiene otras consecuencias. De ser así, lo tendrá que expresar la Justicia, que no se ha expedido en este sentido. Además, lo que están objetando es la ordenanza y la expropiación de la escuela, la cautelar es una medida previa”.
Mosqueira afirmó que el inicio de clases está garantizado para los más de 700 alumnos que contiene la escuela Gabriela Mistral, como así también las obras de acondicionamiento del inmueble previstas para estos meses previos al inicio del ciclo lectivo.
Por último, insistió diciendo que “la administración del ciclo lectivo 2024 fue exclusivamente de la Municipalidad”. “El acuerdo, que caducó en 2024, era que nosotros les pagábamos una suma mensual, pero ellos no formaban parte de la gestión educativa de la escuela en lo más mínimo”, sostuvo el fiscal del municipio.
Un atropello a la constitucionalidad
El legislador Walter Berarducci, perteneciente al bloque del PJS (Partido por la Justicia Social), consideró que la expropiación del inmueble a través del Concejo Deliberante “resulta un atropello a las leyes provinciales, a la propiedad privada, a la educación pública municipal y -principalmente- a la comunidad educativa”.
El representante pidió que se respeten los requisitos legales establecidos en la Constitución de la Provincia para el trámite expropiatorio “en razón de que la utilidad pública debe ser declarada por la Legislatura y no por la ordenanza N° 5.390 que sancionó el Concejo”.
“En este complejo momento que atraviesa la provincia y el país, no deben primar intereses electorales por sobre el respeto a la Constitución, la ley y la educación pública, ya que deben ser prioridad más aún cuando se avecina el inicio del ciclo lectivo 2025, algo que puede perjudicar directamente a cientos de estudiantes de dicha institución. Le solicito a la intendenta (Rossana Chahla) que accione a través del diálogo y busque soluciones consensuadas y democráticas”, concluyó Berarducci.
